CIUDAD DE MÉXICO. Entre 2013 y 2014, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto apretó los recursos a los medios, al reducir 18 por ciento el gasto en publicidad oficial.
La administración federal centralizada y paraestatal pasó de un ejercicio de cuatro mil 195.8 millones en el primer año del actual gobierno a tres mil 439.5 millones de pesos en el segundo, de acuerdo con cifras del Sistema de Comunicación Social (Comsoc) revisadas por El Financiero. Este decremento "representa una buena señal" para la investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Justine Dupuy, aunque considera que puede tener consecuencias sobre la vida de los medios.
La publicidad oficial se refiere a los espacios que el gobierno compra en todos los medios de comunicación para anunciarse e informar a los ciudadanos. Si se compara el gasto del segundo año del expresidente Felipe Calderón (5 mil 473.4 mdp) con el mismo lapso de la actual administración, la reducción es del 37.15 por ciento.
Además, si se toma en cuenta que en 2012 –el último año de la administración anterior– se desembolsaron ocho mil 429.5 millones de pesos, el gasto en publicidad gubernamental, a partir de la llegada de la administración peñanietista, comienza a marcar una tendencia a la baja. Dados los recortes presupuestales derivados de la caída de los precios del petróleo, esta tendencia podría confirmarse, ya que de acuerdo al artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en las épocas de vacas flacas el rubro prioritario a recortar es la comunicación social y publicidad oficial.
De hecho, al dar a conocer el recorte presupuestal de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya anunció un ajuste a la baja en ese rubro del 10 por ciento.
Para Dupuy, existe un debate pendiente sobre qué tipo de subvenciones, desde el gobierno, deben recibir los medios. Consultada por este diario indica que, si bien limitar este presupuesto va en la dirección correcta, conlleva otras consecuencias, porque en el país el apoyo financiero que llega a los medios de parte del Estado es, principalmente, a través de la publicidad oficial.
"Muchos medios de comunicación dependen de este presupuesto. Entonces limitarlo, sin otro tipo de medidas, puede también tener consecuencias sobre la vida de los medios de comunicación. Lo pongo así porque creo que en el país hay un debate pendiente sobre qué tipo de subvenciones, qué tipo de políticas públicas, desde el gobierno, en cuanto a medios", añadió.
No obstante, el monto ejercido en 2014 para anuncios de televisión, radio, prensa escrita e Internet, entre otros ámbitos, no deja de ser millonario, ya que esos recursos permitirían –por ejemplo– construir 344 planteles escolares.
"Se asigna de manera opaca y sin criterios claros a los medios de comunicación; a través de esta asignación hay la posibilidad del control de la línea editorial de los medios", afirma Justine Dupuy.
TV ENCABEZA LA DISTRIBUCIÓN
Los tres mil 439.5 millones de pesos, ejercidos el año pasado en publicidad oficial, se distribuyeron a los medios de comunicación de la siguiente manera:
La televisión concentra el 34 por ciento, equivalente a mil 171.3 millones, seguido por la radio a la que se asigna el 16 por ciento igual a 559 millones y la prensa escrita el 15 por ciento o 524 millones.
La inversión en Internet sigue siendo marginal, ya que sólo se le destina el seis por ciento, equivalente a 186 millones de pesos.
La investigadora de Fundar recuerda que el presidente Peña Nieto en mayo de 2012, cuando todavía era candidato, presentó un manifiesto de 10 puntos denominado "Por una Presidencia Democrática". En el punto número tres de ese manifiesto se estableció:
"Como presidente de la República impulsaré una reforma constitucional para crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación."
Según Dupuy, es necesario que el gasto de publicidad oficial no sólo sea limitado, sino, transparente. De lo contrario, consideró, existen dos implicaciones: uno, que los recursos millonarios sean mal gastados, y dos, que haya un impacto directo sobre la libertad de expresión.
"Porque se asigna de manera opaca y sin criterios claros a los medios; a través de esta asignación hay la posibilidad del control de la línea editorial de los mismos", afirmó.