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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó en Allende, Coahuila el acto de disculpa pública por los hechos ocurridos en marzo de 2011 por parte del crimen organizado, entre los cuales destacan las graves violaciones a los derechos humanos de los habitantes de este municipio ante la omisión y complicidad de autoridades.
Así también por las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cometidas con posterioridad a dicho evento. "El Estado mexicano tiene la gran responsabilidad de garantizar que lo sucedido, no vuelva a repetirse en ningún otro rincón del país", aseveró Sánchez Cordero.
A ocho años de los acontecimientos, la responsable de la política interior del país dejó claro que no se trata solamente de un acto protocolario o el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), "es una convicción personal e institucional", aseguró
En presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, agregó que para el Gobierno de la República ésta es la prioridad número uno de su gobierno. "Hoy nos reúne la necesidad de enfrentar como país y como Estado mexicano uno de los sucesos más dolorosos en la historia", refrendó.
Ante familiares de las víctimas, Sánchez Cordero afirmó que el presidente de la República les instruyó a ver a las víctimas a los ojos, "a no escondernos ante su justificado enojo, a pedir disculpas como Estado, y a realizar todo lo que esté en nuestras manos para reparar los agravios individuales y colectivos".
En la plaza pública de Allende, la secretaria de Gobernación se pronunció porque la voz de las víctimas haga eco, "y nos ayude a reconstruir el tejido social y a sanar juntos la fractura que creó la masacre de Allende y todo el país".
Puntualizó que es necesario dar pasos firmes para alcanzar la justicia, la no repetición y seguir investigando en todos los niveles de gobierno para conocer quiénes participaron en esta masacre y en su caso, la responsabilidad de las mismas.
Sánchez Codero hizo también un llamado al resto de las autoridades federales y locales para que hagan lo propio desde el ámbito de sus competencias.
Sostuvo que la dependencia a su cargo apoyará a las víctimas para garantizar sus derechos humanos y la reparación integral del daño.
Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, resaltó que "el Estado Mexicano tiene una nueva visión: la defensa de los derechos como primer deber constitucional para garantizar el desarrollo político, económico, social y cultural de nuestro país".
En tanto, el presidente municipal de Allende, Antero Alvarado Saldívar, pidió no volver a esperar ocho años y medio para que el Gobierno federal venga y pida una disculpa. "Hoy estamos a tiempo de corregir el rumbo", aseveró.
Los hechos en Allende
Según la recomendación realizada por la CNDH, con base en la cobertura periodística de los hechos se precisó que el 18 de marzo de 2011, un grupo armado presumiblemente perteneciente a la organización delictiva denominada 'Los Zetas', se presentó en Allende, destruyó 40 residencias y siete ranchos, además de privar de la libertad aproximadamente a 300 personas.
Se señala además que, con motivo de la investigación, la CNDH advirtió que, posterior a los hechos acontecidos del 18 al 20 de marzo, se suscitaron diversas detenciones arbitrarias y desapariciones, cometidas en agravio de familiares y personas que guardaban relaciones de amistad o de trabajo con uno de los relacionados en los hechos.
Dichas detenciones fueron atribuibles a elementos de Seguridad Pública Municipal y de miembros del grupo delictivo denominado "Los Zetas", quienes actuaron con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes de esa corporación policial.