La corrupción en la gestión del agua es un tema poco atendido y con consecuencias directas sobre la calidad de vida de las personas y el medio ambiente, explicó Dalia Toledo, coordinadora anticorrupción de Ethos, 'think tank' especializado en temas de políticas públicas.
Lo anterior durante la presentación del estudio "La corrupción en el sector agua. ¿Quién es responsable de la crisis?", de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
Dicho estudio revela seis áreas de riesgo de corrupción en la cadena de extracción, distribución y manejo de residuos; tales como el otorgamiento de los permisos para poder extraer y hacer uso de las aguas de la nación (concesiones); la regulación de las aguas de desecho; el funcionamiento de los organismos encargados de llevar agua a cada hogar (organismos operadores); los factores detrás del robo de agua (tomas clandestinas); las obras hidráulicas y la generación y publicación de datos.
Rodrigo Bolaños, investigador de Ethos, dio a conocer que entre abril de 2015 y diciembre de 2018 se otorgaron al menos 77 concesiones en cuerpos sobreexplotados y estas, en su mayoría, fueron para usos diferentes al consumo humano.
Bolaños expuso que la contaminación también es un grave problema derivado de la corrupción, pues tres de cada cinco cuerpos de agua superficial en México tienen algún grado de incumplimiento en los parámetros para medir su calidad. En aguas subterráneas, son uno de cada dos. Incluso, dijo, el INEGI estima que los costos por el daño ambiental ocasionados por la contaminación son de 41.5 mil millones de pesos.
La falta de supervisión es una de las causas principales de dicha problemática, indicó. A pesar de eso, tanto la Conagua como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han sufrido recortes en su presupuesto a poco más de la mitad, 53 y 55 por ciento, respectivamente, entre 2012 y 2019.
Además, señaló que la Conagua sólo cuenta con 149 inspectores para revisar más de 500 mil títulos.
"A pesar de que la inspección si se lleve a cabo, se encontró que las industrias sobornan a los inspectores hasta con el 20 por ciento del valor de la 'multa evitada'", explicó.
Por otro lado, siete de cada 100 personas reportan actos de corrupción en los servicios municipales como la solicitud de pipas de agua. Entre los negocios, 70 de cada mil han sido víctimas cuando solicitan estudios de factibilidad de agua y drenaje. Esto es causado por la falta de una normatividad clara, contrapesos débiles y la poca transparencia en su gestión.
Bolaños expuso que de 2012 a 2018, la Conagua encontró dos mil 280 pozos clandestinos sin saber cuánta agua se extrae de éstos; lo que se suma al contrabando de agua en el que funcionarios conectan nuevos usuarios a la red pública sin que cumplan con los trámites o extraen agua de la red para venderla a través de pipas.
Rodrigo Bolaños expuso que las obras hidráulicas de gran envergadura o complejidad, representan cuantiosos recursos, lo que hace difícil su vigilancia y control por lo que son susceptibles a la corrupción.
Finalmente, el investigador de Ethos destacó la falta de datos actualizados y completos en la materia, lo que impide establecer instrumentos suficientes y adecuados para su eficaz administración o conservación.