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La Fiscalía de Jalisco investiga a empleados del bar Distrito 5 donde fue agredido el exgobernador Aristóteles Sandoval, quien murió posterior al ataque
Los trabajadores fueron requeridos este domingo, a petición del Ministerio Público, por la alteración de la escena del crimen, ya que se limpió el sanitario del establecimiento, donde dispararon por la espalda contra Sandoval.
Los interrogatorios y el aseguramiento del personal del bar se basa en la limpieza del sanitario, posterior al ataque, además del retiro de los casquillos percutidos y el retiro del material videográfico de las cámaras de circuito cerrado.
De acuerdo con el Código Penal estatal, aquellas personas que alteren la escena del crimen podrían recibir hasta tres años de cárcel y 26 mil pesos de multa
El artículo 132 en su capítulo III, señala que se impondrá el castigo de tres meses a tres años de prisión y una multa de cuarenta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien manipule, borre, oculte, sustraiga, altere, sustituya, dañe, contamine o realice acción relacionada con los instrumentos, objetos o productos del delito.
Efectivos militare y elementos de la Guardia Nacional, destacamentados en Puerto Vallarta, han asumido el control del resguardo y vigilancia del bar y los restaurantes aledaños, que tienen engomados con textos que refieren el aseguramiento, además de que el complejo comercial está acordonado.
Los dueños del bar
Según registros municipales, el establecimiento es propiedad de Octavio Manuel Altamirano Ochoa y se le vincula al despacho jurídico Ferro y Méndez, quienes litigan en el ramo de propiedad intelectual.
Es nieto del exgobernador priista de Nayarit, Rigoberto Ochoa Zaragoza.
La familia lleva más de 30 años en el sector restaurantero y participa en al menos 10 sociedades mercantiles dedicadas al ramo comercial del entretenimiento en varios puntos del país, y cuenta negocios como taquerías, clubes nocturnos, cabarets, comercializadoras, e inmobiliarias en los estados de Jalisco, Nayarit, Ciudad de México, Baja California Sur y Quintana Roo, con compañías como Operadora Risoto, Operadora de Servicios Restauranteros Altamirano, Merkword, y Operadora Hilos.
La administración de Distrito 5 corre a cargo de la empresa Jomansac, entre los socios fundadores aparece José Manuel Sánchez Cruz, reconocido como empresario de giros abocados al entretenimiento.
En lo que va del año, en Puerto Vallarta se han registrado hechos violentos como el secuestro de 20 turistas originarios de Guanajuato, cinco de ellos no han aparecido; además la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, investiga el fenómeno de trata de personas.