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GUADALAJARA.- La Fiscalía General de Jalisco dio un giro total a las investigaciones en el caso de los estudiantes del Centro de Artes Audiovisuales, (CAAV), y que fueron declarados muertos en abril pasado; y es que ahora, a petición de sus familiares y un organismo de Naciones Unidas (ONU), son buscados como personas vivas.
El fiscal general Gerardo Octavio Solís Gómez anunció que atienden la recomendación del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU e implementó medidas urgentes para buscarlos y localizarlos, "con independencia de que (la carpeta de investigación) está judicializada y que hay por ahí un par de detenidos; nos fue acercado el documento, fue derivado al área que trae la investigación, en relación a los hechos que están por investigarse".
Agregó que, independientemente de la atracción federal, se emprenderán diligencias atendiendo los señalamientos de los familiares de los jóvenes.
"La hipótesis del gobierno anterior es que habían perdido la vida, y a la revisión de la carpeta no tenemos la certeza de que así haya sucedido, y en efecto seguiremos las líneas de búsqueda e investigación", comentó.
El 19 de marzo se reportó el plagio de Javier Salmón Aceves, Marco Ávalos y Daniel Díaz, por sujetos que se ostentaron como agentes de la fiscalía, por lo que el caso se investigó como una desaparición forzada.
Los jóvenes regresaban a sus casas tras una filmación en la localidad de Tonalá.
El organismo vinculado a la ONU activó el procedimiento de acción urgente después de recibir un informe de Sofía Ávalos Ornelas, Ramón García Jasso, Virgilia García García y Miguel Díaz Trinidad, padres de Marco Francisco y Jesús Daniel, quienes expusieron irregularidades en la investigación, entre las que destaca que la fiscalía dio por suficientes las muestra de tejido de uno de los desaparecidos para oficializar la muerte de los tres, considerando que fueron plagiados en conjunto.
Otra de las inconsistencias es que las pertenencias de los jóvenes no fueron resguardadas inmediatamente por las autoridades sino hasta días después; además que se omitió citar a las compañeras de los afectados, que estuvieron presentes al momento del plagio y si testimonio es vital dentro de las indagatorias.
El comité internacional instó a la fiscalía jalisciense a garantizar la plena imparcialidad e independencia de los procesos de búsqueda e investigación, incluso mediante la reasignación inmediata del caso a la Procuraduría General de la República.
También pidió informar a familiares y representantes de los jóvenes desaparecidos sobre su suerte y paradero, además de tomar todas las medidas necesarias para protegerlos, liberarlos y para permitir que tengan contacto inmediato con ellos.
La versión oficial es que los jóvenes estuvieron rodando un cortometraje de terror en una casona ubicada en la colonia Los Amiales, en Tonalá, propiedad de Edna Judith Aceves Félix, tía de Salomón Aceves, uno de los estudiantes, detenida días después de la desaparición, acusada de lenocinio.
La fiscalía informó que el domicilio había sido utilizado como casa de seguridad por el Cártel Nueva Plaza, Cártel del 2, o Cártel del Cholo, grupo delictivo que escindió del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que miembros de éste último comenzaron a vigilarla desde que notaron la presencia de los estudiantes.
Posteriormente los detuvieron, y llevaron a otra casa donde los interrogaron, torturaron y asesinaron y posteriormente los trasladaron a otro domicilio donde disolvieron sus cuerpos en ácido.
Edna Judith Aceves Félix, tía de Salomón, fue detenida el 4 de abril por su presunta participación en el delito de lenocinio, derivado de la comercialización de servicios sexuales en estéticas masculinas de su propiedad. De acuerdo con la versión oficial, Diego Gabriel Mejía, integrante del Cártel Nueva Plaza, está vinculado con la administración de las estéticas masculinas donde en realidad se practicaba la prostitución.
Detenidos por el homicidio y plagio
Al momento no se ha informado de qué forma se juzgará a las cinco personas detenidas por la Fiscalía de Jalisco, quienes enfrentan cargos por homicidio, secuestro agravado, y delincuencia organizada, entre otros.
Es el caso de Eduardo Geovani 'N', alias 'El Cochi'; el cantante de rap Christian Omar 'N', alias 'QBA'; Jonathan Alejandro 'N', alias 'Kalimba'; Jonathan Josué 'N', alias 'Choco', y Miguel Ángel 'N', alias 'Tuntun'.
Uno de los presuntos implicados fue asesinado el 2 de abril, se trata de Juan Carlos 'N', alias 'El Canzón'.
Entre los argumentos de investigación está el señalamiento del entonces director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, quien aseguró que no había pruebas que permitiesen corroborar el ADN de los jóvenes de entre los residuos de contenedores de sustancias ácidas incautados en las investigaciones.
Cotero fue removido de su cargo luego que se evidenciara la crisis forense de Jalisco, con el recorrido que hizo un tráiler cargado con cadáveres por municipios conurbados de Guadalajara.
La Procuraduría General de la República atraerá el caso, y trasciende que investigará a agentes y superiores de la Fiscalía de Jalisco, a quienes les podría resultar alguna responsabilidad.