A pesar de la suspensión de labores no esenciales en materia judicial que han emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 18 de marzo hasta el 19 de abril, el Poder Judicial del Estado de Baja California y el Tribunal de Justica Administrativa del Estado de Baja California, para evitar la propagación del COVID-19, el Ayuntamiento de Tijuana mantiene actividades jurídicas y administrativas que ponen en riesgo la salud de ciudadanos y empleados del municipio, denunció Marco Ernesto Téllez Sagrestano, vocero y abogado de la empresa Blue Propane.
"El pasado 25 de marzo, el Ayuntamiento nos notifica siete acuerdos aclaratorios de una resoluciones administrativa, las cuales teníamos cinco días hábiles para subsanarlos, por lo que el lunes 30 de marzo se presentaron siete recursos de reconsideración, ellos tienen, a partir del martes 31 de marzo, ocho días para resolver, si se decidiera resolver en contra, tendríamos que acudir al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, lo que se complicaría pues ellos reanudan labores hasta el día 20 de Abril del presente año", explicó el abogado.
"El municipio mantiene tiempos administrativos como si nada pasara, creando un factor de riesgo a nuestra salud así como la de los empleados del Ayuntamiento que continúan laborando y atendiendo a la ciudadanía. Las acciones del municipio son contradictorias a la principal recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es el distanciamiento social; y en un segundo término afecta que se sigan llevando a cabo procedimientos tales como los que llevamos ante la Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento como si nada pasara", explicó.
Téllez Sagrestano abundó que las acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Tijuana los tienen totalmente sorprendidos, puesto que deja un ambiente de incertidumbre e inseguridad jurídica, "pues al estar resolviendo procedimientos, estos están surtiendo efectos legales y los términos siguen computándose, por lo que es necesario acudir a presentar escritos y/o recursos correspondientes a dichos procedimientos, lo que hace pensar que el Ayuntamiento quiere aprovecharse de la situación para poder realizar actos inconstitucionales".
El abogado de la empresa gasera que ha sido víctima de campañas mediáticas por intentar romper el monopolio del gas en Baja California, explicó que con estas acciones y en medio de la incertidumbre y el cierre de todas las instancias judiciales, "no podemos recurrir al amparo de la justicia federal para defendernos o al Tribunal Administrativo pues se encuentran suspendidos por la pandemia, lo que nos dejaría en un estado de indefensión, además que el Ayuntamiento incurre en responsabilidad penal por actuar de manera negligente".
Las acciones del Ayuntamiento de Tijuana se contraponen a todos acuerdos tomados por el ejecutivo federal, ya que el Gobierno Federal comenzó a publicar sus acuerdos de suspensión en el Diario Oficial de la Federación a partir del 20 de marzo, cuando se publicaron los acuerdos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la PROFECO. El 23 de marzo se publicaron los acuerdos de la Secretaría de Turismo y el día 24 de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Reguladora de Energía.
GaseraLuego, el 26 de marzo salieron publicados los decretos de la Secretaría de Salud federal donde explicaba la suspensión de plazos y términos legales a las prácticas y dirigencias de procedimientos administrativos que desarrollan las secretarías.