Los siete niños sueltan 49 globos blancos que se elevan hacia el cielo. Uno por cada bebé que falleció en el incendio de la Guardería ABC.
"¡Lo hacemos en recuerdo a los 49 niños y niñas que ya no están con nosotros", dice Fabiola Domínguez, mamá de una niña sobreviviente.
Los pequeños sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas se reunieron en las calles de Hermosillo, Sonora, el epicentro del dolor que aún aqueja a México. Han pasado 11 años y la herida sigue abierta, aún con la demanda de justicia para los deudos.
Está el dolor de los padres que perdieron a sus pequeños. El sufrimiento de los padres que miran el cuerpo lacerado de sus niños que sobrevivieron al fuego que arrasó con vidas por culpa de la irresponsabilidad y corrupción.
Son 106 niños que sobrellevan quemaduras, daños respiratorios y secuelas psicológicas.
"Once años y nuestros cuerpos llevan más de 30 cirugías. Justicia ABC", demanda Danna Paola, una pequeña cuyo rostro está marcado por una gran cicatriz; ahora su voz timbra fuerte para exigir la justicia que el Gobierno mexicano le adeuda.
"¿Cuánto más esperaremos?", cuestiona la pequeña al presidente Andrés Manuel López Obrador; al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto; y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; en un video difundido en redes sociales.
El 5 de junio de 2009 se incendió la Guardería ABC, en la que murieron 25 niños y 24 niñas, la mayoría por asfixia al inhalar humo tóxico, y 106 más resultaron heridos, cuyas edades oscilaban entre los cinco meses y los cinco años.
El incendio inició en una bodega contigua a la estancia infantil, que era el Departamento de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, cuyo gobernador era entonces Eduardo Bours Castelo.
El IMSS subrogó la estancia infantil a una sociedad civil privada constituida por Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de la esposa del entonces presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala; junto a Gildardo Francisco Urquides y Sandra Luca Téllez Nieves.
Once años después y la justicia aún no se aplica. Versiones periodísticas señalan que, aunque un juez penal dictó sentencias condenatorias en contra de 19 personas, entre exfuncionarios del IMSS y particulares por los delitos de homicidio y lesiones no intencionales, e impuso penas de prisión de entre 14 hasta y 30 años, los responsables siguen libres.
Esto porque se han beneficiado por juicios de amparo, bajo el argumento que la sentencia impuesta fue excesiva. Sin embargo, los afectados también promovieron amparos para que no se revirtieran los procesos.
Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza el caso, pero no ha emitido fallo alguno al respecto.
"No hay un retroceso, pero simplemente no hay avance; hace casi dos años que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo los amparos tanto en material penal como administrativa y no ha resuelto nada. La verdad, sí pone mucho a pensar por qué está sucediendo esto", cuestiona Patricia Duarte Francio, fundadora del Movimiento Cinco de Junio, en entrevista para Proyecto Puente.
En tanto, los agraviados han solicitado a López Obrador solicitar una reunión con el fiscal general Alejandro Gertz Manero, lo cual tampoco ha sucedido.
Este viernes, por su parte, el director del IMSS afirmó que encontraron nuevos elementos para integrar una denuncia que fue enviada a la Fiscalía General de la República (FGR).
"La presentación de una nueva denuncia por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social; se había presentado una (denuncia) meses antes y esta se fortaleció, se completó. Hay nuevos hechos a la luz de las reformas en materia de derechos humanos de 2011, hay nuevos hechos, hay nuevas responsabilidades, nuevas pruebas. Y en particular algo que se ha hecho es retomar la investigación y, después, el proyecto de voto que en 2010 presentó el ministro presidente (Arturo) Zaldívar", dijo.
Esta mañana 49 globos blancos han aparecido al pie del memorial '49, ABC', ubicado justo enfrente del edificio del IMSS, en la Ciudad de México. Desde allí, Julio Hernández, padre del niño Julio, a quien llamaban 'Yeyé', recuerda la tragedia que enlutó su corazón y el de los mexicanos.
"Son 11 años; ha habido altibajos, ha habido desinterés de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en varios tramos de este tiempo. Actualmente, hay un gobierno que ya no es tan nuevo, va por su segundo año en funciones, estamos esperando (resultados)", señala Hernández.
El padre de Yeyé refiere que también están esperando que el Ejecutivo federal y concretamente la Comisión de Atención a Víctimas genere medidas de reparación integral a las familias, tal y como lo establecen las resoluciones judiciales.
Julio Hernández al igual que el resto de los deudos y familiares de pequeños afectados por el fatal hecho siguen en pie de lucha para conseguir la justicia y se establezca la verdad jurídica y los criminales paguen por los hechos negligentes que cobraron 49 vidas.
Pesó más la presión política que la justicia en caso ABC: Arturo Zaldívar
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, recordó la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y dijo que en 2010 su proyecto fue rechazado porque "pesó más la presión política" que la Constitución y la justicia.
En su cuenta de Twitter, el representante del Alto Tribunal enfatizó que el Pleno de la Corte de ese entonces "olvidó 49 razones", en alusión a las 49 víctimas: "25 niñas y 24 niños murieron. 49 razones que fueron olvidadas hace 10 años en el Pleno de la SCJN".
Arturo Zaldívar reveló que hubo presiones políticas que "pesaron" más que su proyecto. "Pesó más la presión política para rechazar mi proyecto que señalaba a los responsables, que la Constitución y la Justicia. #GuarderíaABC".
En junio de 2010, el entonces ministro Zaldívar fue el encargado del proyecto en donde detalla la investigación realizada por la Corte en el caso del incendio donde fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos.
En dicho proyecto, se concluyó que, "debido al desorden generalizado en el sistema de guarderías públicas subrogadas, diversos funcionarios de alto nivel eran responsables por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas".
Sin embargo, el proyecto del ahora presidente del máximo tribunal del país, discutido entre el 14 y el 16 de junio de 2010, fue rechazado.