Un juez federal aceptó este viernes a trámite un amparo promovido por una asociación civil mediante el cual impugnó la designación de María de la Luz Mijangos Borja como fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).
Francisco Gorka Migoni Goslinga, titular del juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, es quien conocerá del recurso legal promovido desde el 25 de abril.
Al integrar el expediente 639/2019, el juzgador ordenó la apertura de un plazo de 15 días para que se notifique oficialmente a la FGR y esta conteste el señalamiento hecho contra el titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero.
El 8 de febrero, el titular de la FGR designó a Mijangos Borja al frente de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
La designación no fue objetada por Senado de la República, por lo que se oficializó el 11 de marzo.
Ante ello, la asociación civil Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano promovió el amparo bajo el argumento de una cercanía de Mijangos Borja con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aseguró que dicha cercanía entre ambos personajes está desde hace más de una década cuando López Obrador era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y Mijangos Borja era titular de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
Además, consideró que la designación no se ciñó a lo ordenado por el artículo 102 de la Constitución ni a los artículos 16, 17, 22, 23 y 25 de la Ley Orgánica de la FGR, en los cuales se sustenta el procedimiento de designación del fiscal anticorrupción.
En particular se quejó de que no hubo convocatoria para la designación de Mijangos Borja ni se garantizó la participación ciudadana como lo marca la ley.
Igualmente, la agrupación alegó que el Senado de la República no ejerció su papel de contrapeso, pues ni siquiera objetó el procedimiento.
El juez citó a una audiencia que se celebrará el 6 de junio a las 09:40 horas y en la que se resolverá si se entra al estudio de fondo del asunto, o bien, se desecha por algunas de las causales previstas en la ley.