A un año de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, la Cámara de Diputados instaló la Comisión Especial que dará seguimiento al caso; estará presidida por la diputada del PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez.
La comisión arrancó con un desacuerdo porque los partidos minoritarios exigían el derecho a tomar la palabra tanto de los titulares como de sus suplentes, a lo que la presidenta se opuso, aunque al final tuvo que ceder a la presión y permitir que todos hablaran.
Murguía Gutiérrez hizo un llamado a los legisladores de todos los partidos para que se conduzcan "con objetividad, responsabilidad y compromiso, con el fin de crear condiciones para el diálogo que nos lleve a encontrar la verdad, a secas".
Lamentó que a un año de los hechos no se sepa el paradero de los estudiantes desaparecidos, lo que "ha vulnerado la credibilidad en las instituciones de procuración de justicia", por un caso que ha rebasado lo local y se ha convertido en un asunto internacional, añadió.
Anunció que la primera reunión de trabajo será el próximo martes en la que elaborarán su programa y calendario de trabajo, en el que, a propuesta de la diputada Cristina Gaytán, del PRD, la primera actividad deberá ser una reunión con los familiares de los estudiantes desaparecidos.
Víctor Manuel Silva, del PRI, advirtió que "iremos a fondo y hasta las últimas consecuencias".
El coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, expresó su confianza en que esta comisión pueda continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
Martínez Neri también informó que el grupo parlamentario del PRD tiene integrado el documento para presentar una demanda de juicio político contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, "por su actuación en el caso Ayotzinapa".
Araceli Damián, de Morena, aseguró que se buscarán los elementos para llegar a la verdad de un hecho que "no debe volver a repetirse en el país".
Arturo Álvarez, del PVEM, pidió imparcialidad a los legisladores de la izquierda y que se llegue a una conclusión que satisfaga a todos.
Guadalupe González, panista de Guerrero, reiteró la demanda de su partido de establecer el día 26 de septiembre como el Día Nacional de la Desaparición Forzada y llamó a los legisladores a asumir su responsabilidad como representantes de toda la nación.
Víctor Manuel Sánchez, de MC, aseguró que el Poder Ejecutivo falló y que deben ser investigados los altos mandos del Ejército y hasta el presidente de la República por negligencia y omisión.
