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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación por la presunta extorsión a comerciantes y pequeños empresarios por parte de funcionarios de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisem).
Se trata de la investigación radicada en el expediente CUA/CUA/CUT/0321/040367/21/02 iniciado a petición de una empresa que acusó que le exigieron 80 mil pesos para evitar la clausura de su negocio.
La denuncia se da luego de la queja pública que hicieron empresarios restauranteros, pequeños comerciantes, dueños de gasolineras así como expendios de gas licuado de petróleo (LP) sobre supuestos actos de extorsión por autoridades de la referida Comisión.
De acuerdo con la carpeta de investigación antes referida, fueron los administradores de una distribuidora de gas estacionario quienes acusaron por extorsión a una supervisora de la Corpisem. Dijeron que el hecho ocurrió la semana pasada.
Agregaron que dicha empleada les exigió 80 mil pesos para no clausurar el negocio. Señalaron que la funcionaria les aseguró que todo ese trámite contaba con el aval de sus superiores jerárquicos.
Los empleados de la empresa afectada, ubicada en Cuautitlán Izcalli, señalaron que la funcionaria les explicó que ella les garantizaba que con el pago del monto exigido ya "no los molestarían" durante un semestre.
Asimismo, puntualizaron que la mujer les advirtió que, de no cumplir la pretensión económica, inevitablemente el negoció sería clausurado.
La parte afectada ofreció ante el Ministerio Publico como prueba de sus dichos, videos del momento justo de la extorsión.
"Es precisamente lo que estamos denunciando, la Corpisem está sin control. De hecho no descartamos que la corrupción llegue hasta al más alto nivel porque nadie hace nada para ayudarnos, parece que no les basta con todo lo que hemos sufrido por la pandemia, las ventas están mal y apenas nos estamos recuperando", comentó Santiago Puga, uno de los administradores de la empresa.
"Y por encima de todo, tenemos que lidiar con la extorsión que sufrimos, increíblemente por una dependencia, por una comisión que, en teoría, debería ayudarnos", agregó.
La indagatoria sigue en proceso y serán las autoridades mexiquenses las que determinen si la carpeta de investigación se judicializa o no.