CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, informó a la Cámara de Diputados que quien ordenó el operativo policíaco del 19 de junio en Nochixtlán, fue el exgobernador del estado, Gabino Cué, que incluyó a policías estatales y federales armados.
En un encuentro con legisladores de la Comisión Especial del caso Nochixtlán, el ombudsman rindió un informe, en el que expuso que en el operativo no se cumplieron los protocolos requeridos para este tipo de acciones, y después hubo una indebida preservación del lugar de los hechos, lo que motivó que diversas evidencias no fueran resguardas y se hubiesen movido del lugar donde fueron originalmente encontradas.
González Pérez planteó que la investigación de la CNDH busca dilucidar por qué no se cumplieron los protocolos de actuación por parte de la policía estatal y la policía federal, así como determinar lo relativo al uso de la fuerza, en un operativo en el que murieron siete personas por armas de fuego.
También aseguró que la investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 19 de junio se encuentra en su etapa final.
El ombudsman habló también de las dificultades que el organismo a su cargo ha tenido que enfrentar durante estos ocho meses de investigación.
Señaló que, el mismo día de los hechos, un equipo de especialistas de la CNDH fue desplegado y que, además, se solicitaron medidas cautelares a las diversas autoridades para garantizar el acceso pleno a la verdad histórica de lo ocurrido ese día en aquella población oaxaqueña.
Durante su informe a los legisladores dijo que se integraron 830 actas con testimonios de diversas personas, entre ellas detenidos, testigos, familiares de víctimas, comerciantes y hasta taxistas que presenciaron parte de los hechos en los que perdieron la vida ocho personas.
De igual forma indicó que "se solicitó información a la PGR, a las corporaciones policiacas que actuaron ese día, a los encargados de los servicios médicos de la localidad y también se han analizado 273 videos, además de diversas fotografías".
Así, el ombudsman afirmó que de los ocho muertos registrados tras los hechos violentos, siete murieron por arma de fuego; que hubo un total de 190 lesionados, de los cuales 122 fueron civiles y 68 fueron policías.
Detalló que, del total de lesionados, 84 resultaron afectados por el uso de gas lacrimógeno; asimismo informó que, de los 27 detenidos ese día, 23 son hombres y cuatro mujeres y que, de las seis personas que en un principio habían sido reportadas como desparecidas, se logró ubicar a cinco, mientras que uno de ellos permanece en esa calidad.
Asimismo se refirió a la actuación de los servicios de salud y sostuvo que "todos los heridos recibieron atención médica oportuna, pese a que el comandante de una de las corporaciones policíacas exigió al director del hospital, negar la atención a los heridos de la población y centrar los esfuerzos en atender a los uniformados heridos.