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La fuerte disputa por el territorio entre grupos del crimen organizado dejó a Jalisco, al cierre de 2019, con 2 mil 100 desaparecidos –primer lugar nacional– y 75 fosas clandestinas, en las que se encontraron 213 cadáveres. En medio de esta crisis de seguridad, los espacios en las gavetas que el gobierno estatal habilitó en tres panteones para el resguardo de cadáveres no identificados, están por agotarse.
Los cuerpos se dispusieron en criptas adquiridas y divididas en tres ubicaciones, una de ellas es el camposanto de Guadalajara, donde de las 400 gavetas que se compraron, 380 ya están ocupadas.
En la morgue de El Salto se pagaron 400 espacios, y ahí se hicieron alrededor de 300 inhumaciones. En el cementerio de Coyula, Tonalá, hay más de 180 cuerpos confinados.
No obstante, los hechos de violencia que azotan al estado en los últimos cuatro años han dejado 9 mil 286 desaparecidos.
Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, fiscal especial en Personas Desaparecidas, señala que muchos casos son sólo fragmentos humanos, pero sus perfiles genéticos son asentados como una persona no identificada, "obviamente tenemos unas partes o procesos de extracción donde hemos identificado que por el estatus tan avanzado de descomposición no es posible la identificación inmediata; se tiene que cruzar información y dependemos de dictámenes más complejos".
Agregó que se debió crear un catálogo de cuerpos completos, desmembrados y secciones anatómicas debido a que: "hay casos que se procesan y se encuentran restos anatómicos de seres humanos muy seccionados, entonces tenemos el catálogo de cuerpos completos localizados, restos y osamentas, y cada una tiene su cifra muy particular".
De acuerdo con las estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, existen 816 cuerpos que no han sido identificados y que serán enviados a una de las sedes del panteón forense.
Desde el primer día del inicio de la actual administración a la fecha se han registrado 4 mil 60 registros de ingresos a la morgue metropolitana, de los cuales se identificaron y entregaron tres mil 450.
A ello hay que sumar que entre octubre y diciembre de 2018 se confinaron 469 cuerpos en las criptas habilitadas, y hasta la fecha se superan las 900 inhumaciones.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que ninguna autoridad podrá ordenar la inhumación de cadáveres o restos sin identificar, antes de contar con la información necesaria para su reconocimiento.