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Un juez federal concedió una suspensión de amparo cuyo efecto obliga al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer lo necesario para amortizar los efectos económicos generados por la pandemia del COVID-19.
Incluso, dijo que es procedente reasignar parte del presupuesto destinado a la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Corredor Transístmico, 'Jóvenes Construyendo el Futuro', así como el dinero obtenido por la extinción de fideicomisos, para garantizar el empleo.
En un acuerdo publicado este lunes, José Rivas González, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Baja California, estimó que el presupuesto de dichos proyectos, considerados por la administración federal como prioritarios, no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar.
"Se concede la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones tomen las medidas necesarias para la protección de las fuentes de empleo ante la crisis causada por la emergencia sanitaria global ocasionada por el COVID-19", dijo el juez.
Aseguró que los empleos resultan esenciales para que los trabajadores puedan subsistir y, con ello, pueden acceder a un salario que les permita garantizar sus necesidades básicas tanto en lo personal como en lo familiar, inherentes al derecho humano a la alimentación, vivienda, salud y trabajo, entre otros.
Precisó que la suspensión permanecerá vigente hasta en tanto se notifiquen a las autoridades responsables la resolución relativa a la suspensión definitiva que se dicte de manera incidental dentro del presente juicio de amparo.
Dicho amparo fue promovido el 11 de abril pasado por el abogado Adolfo Solís Farias, en representación de la microempresa de Baja California, Cervecería Infinito, quien se dijo afectada por las decisiones de gobierno ante los efectos de la pandemia del COVID-19.
El abogado Adolfo Solis Farías dijo a El Financiero que la base del amparo está en la recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de no solo adoptar medidas sanitarias, sino también medidas económicas y laborales que permitan sufragar las necesidades de la población.
"Por primera vez en México, de forma inédita, un juez avaló que se reordenara la asignación presupuestal y esa es una cuestión extraordinaria, porque el juez dice que el Estado está obligado, como prioridad nacional, a preservar el empleo y por tanto los trabajadores están por encima, inclusive, de los presupuestos", agregó.
Destacó que dicha suspensión es de acatamiento obligatorio para el gobierno federal ya que de no hacerlo podría haber una situación similar a la que vivió el presidente López Obrador cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y se le inició un juicio de procedencia por no acatar la orden de un juez.
"Eso es muy similar, si no cumple con la suspensión, lo destituyen", dijo el abogado.
Explicó que aunque la suspensión es apelable, mediante un recursos de queja que tardaría dos meses, aproximadamente, en resolverse, esto hablaría de la calidad moral del propio presidente de la República.
"Aquí hay dos vertientes, la vertiente A, que es moral, ética, decir que se agarre el dinero indispensable pero necesario para salvar empleos y vidas; o el camino B que es pelar todo y dejar claro que prefieres un Tren Maya, un aeropuerto, que salvar una vida".
El litigante agregó que en el amparo no se está pidiendo que se cancelen las citadas obras prioritarias.
"Lo que estamos pidiendo es que durante la emergencia por el COVID-19 se use el dinero destinado a esas obras, prioritarias pero no esenciales, a salvar vidas y a salvar empleos. Porque paradójicamente con programas como jóvenes construyendo el futuro se premia a quien no trabaja, pero no se premia a quien quiere salvar su empleo", agregó.