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José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, líder del cártel Guerreros Unidos, y uno de los principales implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue liberado este miércoles y fue recapturado cuando salía del penal federal El Altiplano.
Más temprano, se informó que un juez federal del Estado de México ordenó su libertad por falta de pruebas para enjuiciarlo por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Más tarde, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aprehendieron al sujeto con base en una imputación en su contra por el delito de Delincuencia Organizada, por hechos ajenos al caso Ayotzinapa.
El líder criminal ya había sido detenido el 24 de junio pasado y señalado como "un participante de gran notoriedad" en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La libertad de El Mochomo se dio pasadas las 17:00 horas de este miércoles. Afuera del penal estaban sus padres y su abogado Arturo Rodríguez García, quienes presenciaron la recaptura.
Hasta ahora la FGR no ha emitido alguna comunicación oficial para fijar una posición con relación a la decisión del Juez de liberar al Mochomo, ni los detalles que llevaron a la recaptura de dicho sujeto.
El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, dijo esta semana que Casarrubias Salgado fue "un participante de gran notoriedad" en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
El funcionario también criticó la actuación de la desaparecida PGR, pues dijo que facilitó la libertad de muchas de las personas que habían sido detenidas por estos hechos que conmocionaron al país.
"En septiembre de 2014, la entonces Procuraduría General de la República consignó a diversos funcionarios que fueron puestos en libertad en distintas fechas, en virtud de la inconsistencia y parcialidad de las acusaciones que omitieron señalar todas las violaciones que estos individuos cometieron durante su intervención en el caso", dijo Gertz Manero.
Aseguró que entre las fallas hubo detenciones arbitrarias, tortura, dilación en las puestas a disposición, vulneración de los derechos de la defensa y violaciones al procedimiento; ocultando también pruebas suficientes que permitieran conocer, de manera fehaciente, el destino de las víctimas.