Un juez de la Ciudad de México libró una orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exdirigente del PRI capitalino, y cuatro personas más, entre ellas Sandra Esther Vaca Cortés, excolaboradora de líder priísta y hoy diputada local por ese partido.
Dichas personas son acusadas de los delitos de trata de personas y asociación delictuosa, confirmaron autoridades capitalinas quienes advirtieron que paralelamente se han congelado ya varías cuentas bancarias de los imputados.
"Los dos hombres y las tres mujeres son probables responsables de los delitos de trata de personas, en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, y de publicidad engañosa, así como del delito de asociación delictuosa", dijo la Fiscalía capitalina.
En un comunicado agregó que a efecto de dar cumplimiento a esta orden judicial, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha solicitado la colaboración de la Fiscalía General de República (FGR), del Instituto Nacional de Migración (INAMI) y de las fiscalías de las entidades federativas, para la búsqueda, localización y aprehensión de las personas ya citadas.
La orden de captura fue solicitada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que en septiembre de 2019 se reabrió la carpeta de investigación originalmente iniciada en abril de 2014 tras una denuncia por la presunta existencia de una red de prostitución encabezada por Gutiérrez de la Torre.
Durante la administración de Rodolfo Ríos Garza en la Procuraduría capitalina (hoy Fiscalía), la investigación por este caso fue enviada al archivo por falta de elementos de pruebas.
Sin embargo, un juez de amparo ordenó la reapertura del expediente, decisión que fue ratificada por un Tribunal Colegiado.
El 5 de septiembre de 2019, la administración de Ernestina Godoy anunció la reapertura del caso para verificar si el "no ejercicio de la acción penal" decretado en 2015 se hizo conforme a derecho.
La dependencia capitalina señaló que la reapertura derivó del amparo promovido por tres mujeres contra el cierre del caso que significaba prácticamente la exoneración de Gutiérrez de la Torre.
La Fiscalía encabezada por Godoy señaló en su momento que la resolución judicial ordenó que el expediente, que inicialmente se trabajó en la Fiscalía de Asuntos Especiales y Electorales, se decline a la fiscalía de Trata de Personas, a efecto de que continuar las indagatorias y perfeccionar la integración del expediente con perspectiva de género.
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Este martes que solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión, la fiscalía dijo que la nueva indagatoria se realizó de manera "profesional, objetiva y apegada a Ley, que nos permite contar con todos los elementos probatorios para establecer la posible responsabilidad penal de las personas señaladas".
Antecedentes del caso señalan que el agravio hacia las víctimas fue difundido el 2 de abril de 2014 a través de medios electrónicos en los que se manifestaron diversas conductas ilícitas, presuntamente atribuibles a Gutiérrez de Torre.
Luego de más de un año de investigación, el agente del ministerio público de la entonces procuraduría capitalina, encabezada por Rodolfo Ríos Garza, determinó que no había elementos para acreditar la supuesta red de trata de personas al interior del PRI.
Derivado de ello, las víctimas tramitaron amparo contra esta determinaron, el cual ganaron en amabas instancias por lo que el caso se reabrió.
Por este caso también hay mandamiento judicial contra Roberto Zamorano Pineda, así como Claudia Priscila Martínez González y Adriana Rodriguez Regalado, excolaboradores de Gutiérrez de la Torre.
Hasta ahora la fiscalía capitalina no ha emitido alguna confirmación si detrás de esta decisión de enviar el caso al archivo en la administración pasada hubo alguna anomalía que tenga que ser sancionada administrativa o penalmente.
No obstante, se espera que en breve la Fiscalía capitalina emita un comunicado de prensa respecto a ese caso.