WASHINGTON. La Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, acordó este martes relanzar la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014.
El acuerdo, realizado con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante una audiencia con la Comisión Internamericana de Derechos Humanos, también incluyó "sacar la investigación de la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) de forma inmediata, proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, el cual llevará la segunda parte de investigación de forma exclusiva".
Aunque Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, dijo que su despacho acepta "plenamente" el informe elaborado por los cinco expertos, al comparecer durante dicha audiencia, no se permitirá al grupo de expertos interrogar directamente a efectivos militares.
Una de las especialistas, la colombiana Angela Buitrago, dijo que "se ha decidido relanzar la búsqueda con las autoridades competentes con una estrategia basada en las líneas trazadas por el grupo, incluyendo el uso de la tecnología, mapa de fosas y otros lugares identificados, y estableciendo una ruta de acciones acordadas por los familiares".
Además el Estado mexicano y el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) firmaron un acuerdo para mantener la confidencialidad de la investigación hasta que no se notifique a los familiares de los normalistas,
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que será posible obtener información de los efectivos militares a través del Ministerio Público, pero dio a entender que los expertos no podrán tener un careo.
Los expertos designados por la comisión rechazaron los hallazgos y tras revisar la investigación gubernamental durante seis meses aseguran que deben seguirse otras pistas tras concluir que una hoguera de esa magnitud no pudo haber ocurrido en el basurero de Cocula.
Habían recomendado remplazar al equipo de investigadores y revisar la hipótesis de que quizá los jóvenes desaparecieron porque habían secuestrado un autobús que transportaba heroína o dinero producto de la venta de drogas.
Carlos Beristain dio a conocer ocho puntos clave de la investigación como parte del Informe "Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa", en donde se destaca que los estudiantes no iban a boicotear el evento político de la presidenta del DIF, María de Los Ángeles Pineda Villa, ni existe evidencia de que estuvieran ligados al crimen organizado.
La CIDH tomaría una decisión sobre la renovación del mandato de los expertos —que culmina el 31 de octubre— durante el 156 período de sesiones que celebrará en la capital estadounidense hasta el 28 de octubre.
La CIDH, el Estado mexicano y los padres de las víctimas concedieron al grupo de expertos un mandato de seis meses a partir de marzo y en agosto lo extendieron otros dos meses.
Con información de AP y Susana Guzmán