El ministro Alberto Pérez Dayán propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Autoridades del Poder Judicial confirmaron que el proyecto de sentencia se discutirá a mediados de mayo en el Pleno de la Suprema Corte. Este miércoles aparece en el número 12 de la lista de temas a discutir.
Dicha ley, impulsada por el mandatario Andrés Manuel López Obrador, sirvió para la reducción generalizada del salario de servidores públicos con el objetivo de que nadie gane más que el presidente de la República (108 mil pesos al mes).
De acuerdo con las autoridades, el proyecto del ministro propone declarar la inconstitucionalidad de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y advierte que debe invalidarse en su totalidad.
Para que esto suceda, al menos ocho de los 11 ministros deben votar a favor del proyecto de sentencia; de lo contrario, esta se mantendrá en sus términos desde que entró en vigor, en noviembre de 2018 .
Las autoridades dijeron que, según el ministro Pérez Dayán, la ley presenta vicios desde su legislación en el Congreso de la Unión, donde permaneció más de siete años "congelada", por lo que no se cumplieron los requisitos mínimos de armonía legislativa.
El ministro recordó que la citada ley fue aprobada por el Senado en noviembre de 2011 y la Cámara de Diputados la guardó. Repentinamente la revivió y, con la mayoría de Morena, la aprobó sin cambios el 13 de septiembre de 2018.
La propuesta del ministro advierte que en esos siete años que estuvo congelada la ley hubo una serie de reformas que generaron "errores y desfases" con respecto a la Ley de Remuneraciones, la cual no fue actualizada.
Dichos errores y desfases fueron corregidos hasta abril pasado, a través de una reforma publicada hace tres semanas, pero esta rectificación "no impediría que la ley sea anulada", dice el proyecto.
El documento está relacionado con las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018, promovidas por la CNDH y senadores de oposición. Aún faltaría resolver las controversias promovidas por los órganos autónomos.