Las diputadas de Morena por la Ciudad de México, Valentina Batres y Martha Ávila, presentaron una iniciativa de reformas al Código Civil que flexibiliza la posesión de la propiedad a los inquilinos y pone candados a los caseros, en medio de la pandemia del COVID-19.
Con el argumento de que "todo ciudadano mexicano tiene derecho a una vivienda digna", en esta iniciativa las legisladoras señalan que los inquilinos puedan exigir modificar el contrato de arrendamiento para cambiar las condiciones o hasta dejar de pagar ante la crisis por la epidemia.
"En caso de emergencia, desastres naturales, declaratorias de emergencia ambiental o natural, así como cualquier otra situación de fuerza mayor que paralice las actividades económicas e impida al arrendatario el cumplimiento del contrato, podrá solicitar al arrendador la renegociación transitoria o definitiva de las condiciones del contrato de arrendamiento", propone en su artículo 2431 BIS.
Por otra parte, plantean que de no haber un contrato escrito en el caso de arrendamiento de vivienda, no se podrá hacer un desalojo aunque el inquilino haya incumplido con el pago de la renta, hasta que esta no sea pagada.
En otro artículo señalan que el arrendatario de vivienda tiene derecho a que no se le exija más de un mes de anticipo para la renta del inmueble, así como que no se le solicite fianza o algún tipo de propiedad inmueble como garantía.
Además apunta que el inquilino no puede ser víctima de desocupaciones arbitrarias, ilegales y/o forzosas, y en caso de desocupaciones ordenadas judicialmente deberá notificarse de la diligencia con una anticipación de dos meses contados a partir de la fecha de notificación.
Además, dice que el propietario del domicilio perderá su derecho a conservar el depósito en caso de decisión anticipada del contrato por parte del ocupante, o de una cantidad equivalente al mismo al término temporal del mismo.
La iniciativa reconoce que la sugerencia viene de la Coalición Internacional para el Hábitat Oficina para América Latina del Movimiento Urbano Popular, de la Red de Desalojos de la Ciudad de México, así como de Miguel Aguas y Carlos Escoffié, activistas en derecho a la vivienda.