Oposición alista en el Senado acción de inconstitucionalidad contra ley que combate 'factureras'

El bloque opositor del Senado, conformado por el PAN, MC y PRD, buscará el consenso con los diferentes grupos parlamentarios de oposición para impulsar una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma que establece que a ciudadanos acusados de delitos de defraudación fiscal y venta o compra de facturas falsas se les aplique prisión preventiva oficiosa y se considere delincuencia organizada.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara alta, Mauricio Kuri, anunció, en primer término, que conversará con los coordinadores parlamentarios.

"La acción de inconstitucionalidad se estará platicando con los diferentes partidos, pero es una herramienta que vamos a estar viendo, que sin lugar a dudas tendrá mucha viabilidad con la Corte", dijo.

En concordancia, el senador Samuel García aseguró que Movimiento Ciudadano presentará una acción de inconstitucionalidad contra los excesos de la ley que castiga la defraudación fiscal vía compraventa de facturas.

"Lo que está bien se aplaude y se acompaña, y lo que está mal en la ley se critica y se lleva a la Corte, por eso, en el tema de facturas, somos un punto medio, bien por ir por el facturero, pero mal en haberte excedido en el contribuyente de a pie, a favor lo que está bien y a la Corte lo que está mal".

El legislador indicó que el 1 de enero, cuando entran en vigor los cambios a la ley, presentará la acción de inconstitucionalidad porque se equipara la venta de facturas al rango de terrorismo, al ser considerada una cuestión de seguridad nacional, y por establecer la prisión preventiva al contribuyente, ya que es desproporcional.

La víspera, el Pleno del Senado aprobó un dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

El texto señala como delito "la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados".

Además, aumenta las penas: impone sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.

Prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.

El líder de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, refirió que evalúa presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas aprobadas por el Senado.

"El bloque de senadores está pensando en poder llevar este caso la Suprema Corte de Justica y vamos a esperar, será el último escalón donde nosotros pudiéramos encontrar alguna respuesta distinta, porque consideramos que es absolutamente desproporcional incluirlo como seguridad nacional, rebasa los planteamientos constitucionales", dijo.

Refrendó que las reformas a la Ley Federal Contra del Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal, son excesivas y ponen en riesgo al contribuyente, y mandan un mensaje de "terrorismo fiscal".