Guillermo Padrés, gobernador de Sonora, impuso como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad a Juan Sebastián
Sotomayor Tovar, un allegado suyo que, para poder acceder al cargo, falsificó un título profesional de licenciado en derecho.
El 18 de octubre de 2012, Padrés dirigió un oficio al Congreso del estado para "solicitar, respetuosamente, la aprobación del nombramiento que he formulado del licenciado Juan Sebastián Sotomayor Tovar como magistrado propietario del Supremo Tribunal de Justicia de la quinta ponencia…"
Como parte de su fundamentación para que Sotomayor fuera aprobado como magistrado por el Congreso local, Padrés escribe: "en el ámbito académico, cursó la educación superior en la Universidad de Hermosillo, en la carrera de licenciado en derecho con especialidad en Derecho Privado Internacional, obteniendo título y mención honorífica".
Sin embargo, el título profesional de Sotomayor es falso. El documento expedido por la Universidad de Hermosillo el 15 de agosto de 1998 está firmado por el rector de la institución, Federico Saviñón Plaza, y por la directora de la Escuela de Derecho, Rosela de Jesús Rendón Rendón. Pero en esa fecha de 1998, la maestra Rendón Rendón no era la directora de esa institución.
De acuerdo con un documento expedido por la Unidad de Enlace de la Secretaría de Educación y Cultura del estado, que dio respuesta a una solicitud de información, se establece que en 1998, año en que supuestamente fue expedido el título profesional de Sotomayor, la directora de la Escuela de Derecho era la doctora Lucila Caballero Gutiérrez y no la maestra Rendón Rendón, por lo que esta última no pudo haber firmado el título de quien actualmente es el presidente del Supremo Tribunal del estado.
LA BURDA IMPOSICIÓN
Como ya se mencionó, el gobernador Padrés envió, el 18 de octubre de 2012, un oficio al Congreso del estado para que los legisladores aprobaran el nombramiento de Sotomayor como magistrado del Supremo Tribunal. Sin embargo, tres días después, en un acto apresurado, el propio Padrés expidió un decreto oficial con el nombramiento sin tomar en cuenta la opinión de los diputados locales y sin contar con su aprobación.
En este decreto se establece que "habiendo transcurrido el plazo de tres días sin que el Congreso del estado de Sonora resolviera sobre el sometimiento a aprobación del nombramiento que formulé a favor del licenciado Juan Sebastián Sotomayor Tovar, toda vez que este plazo comprendió los días 19, 20 y 21 de octubre de 2012, es entonces que se actualiza la aprobación tácita del nombramiento…"
Aunque es difícil precisar si Padrés se enteró que los diputados iban a rechazar el nombramiento de Sotomayor –pues de acuerdo con el dictamen, en el que se establece que "el Congreso de Sonora resuelve no aprobar el nombramiento del magistrado que realiza el gobernador a favor del licenciado Juan Sebastián Sotomayor Tovar"–, éste decidió hacer uso de una figura jurídica denominada aprobación tácita, que sólo se utiliza en condiciones de extrema urgencia, aunque no era el caso.
De esta forma, ante el cúmulo de irregularidades en la documentación que Sotomayor presentó para acceder al cargo de magistrado, fue presentada una denuncia de hechos en su contra ante la PGR "por la violación a la Ley General de Profesiones, por usurpación de profesión, por falsificación de documentos, por uso de documento falso y los que resulten".
Pero, de acuerdo con Rebeca Villanueva, una de las personas que presentó la denuncia, "la PGR, un año y medio después, ni siquiera ha integrado la averiguación previa".
Sobre el nombramiento, Alfonso Elías Serrano, presidente del PRI en Sonora, aseguró que "con la imposición de Sotomayor, el gobernador demuestra que la impartición de justicia en Sonora es algo que le interesa muy poco, pues sólo busca que sus fieles le cubran las espaldas ante tanta corrupción".