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PAN en ALDF exige se sancione a extitulares de Seduvi por corrupción

La diputada Priscila Vera Hernández demandó la acción penal en contra de esos funcionarios y quienes estuvieran involucrados, luego de conocer la recomendación emitida por la CDHDF por la construcción de predios irregulares en las delegaciones Coyoacán, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

CIUDAD DE MÉXICO. El PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), urgió a la Procuraduría General de la República (PGJDF) a actuar en contra de Simón Neumann Ladenzon y Felipe Leal, extitulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), pues en esas dos administraciones hubo corrupción al autorizarse la construcción ilegal en 13 predios.

La diputada Priscila Vera Hernández demandó la acción penal en contra de esos funcionarios y quienes estuvieran involucrados, luego de conocer la recomendación 4/2015 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), donde se acredita de construcciones irregulares.

Dichas construcciones están ubicadas en Céfiro 120 (colonia Pedregal de Carrasco, Delegación Coyoacán), Sierra Tezonco 180 (colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo) y Millet 39 (colonia Extremadura Insurgentes, Delegación Benito Juárez), entre otras y que violaron los derechos humanos en materia de seguridad jurídica.

La legisladora capitalina recordó el caso de Céfiro 120 que 'es emblemático' puesto que de ser considerado como un espacio abierto, se convirtió en una zona habitacional de seis pisos, con 120 departamentos que ya están vendidos.

En cuanto Sierra Tezonco No. 180 y Millet 39, especificó que la Seduvi detectó documentos apócrifos pero no promovió de forma oportuna las acciones administrativas y legales correspondientes relacionadas con la falsificación e implantación de documentos en los archivos que están a su resguardo.

Estas, entre otras construcciones irregulares, fueron denunciadas en enero de 2014 por la diputada panista; sin embargo, a la fecha no hay funcionarios sancionados por permitir la construcción en esos predios, por lo que exigió al gobierno central proceder con la demolición de las construcciones identificadas como irregulares, así como castigo administrativo en contra de los servidores públicos coludidos.

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