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¿Cómo va la vacuna de la UNAM contra COVID? Necesita recursos y 'decisión' del Estado

El investigador Juan Pedro Laclette señala que la fase 3 requeriría 200 mdp.

Desde hace un año, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, que encabeza un equipo de virólogos, inmunólogos, biólogos moleculares y médicos de diferentes instituciones, se ha dedicado al desarrollo de un fármaco contra COVID-19. Pero al igual que el resto de proyectos nacionales, la vacuna UNAM/AP-rP9 requiere recursos, y para responder a una emergencia, la investigación en el país requiere de "una decisión de Estado".

Así se expresa Juan Pedro Laclette, investigador emérito de la UNAM, quien forma parte de la primera línea de investigación mexicana en la elaboración de un péptido recombinante, el candidato vacunal que se realiza en la universidad, y que en abril comenzará las fases clínicas uno y dos.

En entrevista con EL FINANCIERO, hace un recorrido por el periplo de obtener un fármaco, que se ha logrado gracias a los apoyos brindados por la misma UNAM, las facilidades que han abierto institutos de salud, gestiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como aportaciones de la firma Laboratorios Alpharma y la Fundación Gonzalo Río Arronte; "el factor fundamental ha sido la suma de esfuerzos", dice.

La vacuna UNAM/AP-rP9 es la novena que realiza la universidad, pero de pasar por las pruebas, podría estarse probando en una fase 3, etapa en la que los recursos económicos "ya no serán suficientes", y sería cuando la estrategia se evalúe desde Palacio Nacional.

En la fase uno y dos se estima una inversión de 22 millones de pesos, "modesto, comparado a la que se ha otorgado en otros países"; sin embargo, para realizar una fase 3, –advierte– se requieren no menos de 200 millones de pesos.

"Se requiere una decisión de Estado, cientos de millones de pesos y actualmente no hay mecanismos de financiamiento disponibles", explica el investigador emérito.

Juan Pedro Laclette reconoce que no se ha recibido el acompañamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que no se ha reunido con los proyectos; ni de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde "conseguir los permisos requiere de una documentación extremadamente compleja".

No obstante, "ni este gobierno, ni los anteriores han considerado al conocimiento, a la ciencia, a la innovación, como un mecanismo poderoso para el desarrollo del país".

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