Humberto Moreira y su defensa están utilizando al Estado de manera facciosa para atacar al académico y columnista Sergio Aguayo, a quien el exgobernador y dirigente del PRI demandó por daño moral por la publicación de una columna de opinión, acusó la directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas.
En entrevista para La Nota Dura, de El Financiero Bloomberg, Ruelas señaló que las acusaciones de Moreira están basadas en una opinión, la cual de acuerdo con criterios internacionales nunca puede ser perseguida.
"No se habla de una información que emitió Sergio Aguayo, sino de una opinión que emite sobre un hecho. De acuerdo con los criterios internacionales nunca se puede perseguir la opinión, por que hacerlo es perseguir al pensamiento", añadió.
El 20 de enero de 2016, el académico Sergio Aguayo publicó una columna de opinión en el periódico Reforma en donde señaló que Humberto Moreira "destilaba un hedor corrupto".
El 28 de junio de 2016, Moreira lo demandó por daño moral. Un juez impuso una sanción de 10 millones de pesos para reparar el daño y autorizó este martes el embargo de las propiedades de Aguayo.
El académico escribió vía Twitter que hizo una transferencia de 450 mil pesos este martes, cantidad exigida como garantía.
— Sergio Aguayo (@sergioaguayo) January 28, 2020
"Se usa de manera facciosa al Estado para acosar a Sergio Aguayo y lo vemos de manera constante a pesar de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", indicó Ruelas. "Se está utilizando nuestro dinero para atacar a un periodista".
Ana Cristina Ruelas señaló que para ir en contra de un periodista se debe comprobar que la información que publicó es falsa, que le afecta y que lo hizo con alevosía.
También indicó que la defensa de Sergio Aguayo presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura ya que el magistrado ponente del caso revirtió la sentencia, originalmente a favor de Aguayo, y dio una pena desproporcional en contra del académico. Se encontró que la familia del magistrado recibió una notaría del hermano de Humberto Moreira, lo que alude a un conflicto de interés que no ha sido investigado.
El siguiente paso, dijo al especialista, es exigir al Consejo de la Judicatura que remuevan al magistrado y se asigne el caso a otro tribunal, que garantice la imparcialidad y determine, posteriormente, que aguayo es inocente.
"Un estado autoritario es aquel donde la gente no tiene derecho a pensar. Este es un precedente preocupante porque vemos que se criminaliza la opinión", indicó.