Piden que Comisión de la Verdad no emprenda una 'cacería de brujas'

"No queremos una cacería de brujas ni llenar las cárceles de responsables con la creación de la Comisión de la Verdad para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, queremos llegar al fondo de lo que pasó pero nuestro principal objetivo es saber dónde están los jóvenes estudiantes", aseveró el abogado de los padres, Vidulfo Rosales.

En entrevista con El Financiero, comentó que la comisión de investigación tendrá entre sus acciones ahondar en las irregularidades que cometieron funcionarios de la PGR en el proceso de indagación, porque en esa medida se obstaculizó el conocimiento de la verdad, la agilización en las investigaciones, y se violó la ley en perjuicio de los padres.

El abogado señaló que uno de los principales involucrados que debe ser investigado es el extitular de la Agencia de Investigación criminal, Tomás Zerón, quien construyó la tesis de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Otro de los objetivos, dijo, es saber cuál fue la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los normalistas.

"Queremos saber el nivel de su participación y en qué medida incurrieron ellos en responsabilidad penal, porque esas cuestiones están en el aire y en lo que hay hasta el día de hoy, aparece que ellos participaron de manera directa, esa noche del 26 y madrugada del 27, entonces corresponde a las investigaciones verificar el grado de su participación", dijo.

Algunos padres de los normalistas desaparecidos participarán en la Comisión de la Verdad, que se instalará este martes en la Secretaría de Gobernación y que estará encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Al respecto, el subsecretario dijo que la investigación a funcionarios de la PGR que hicieron mal su trabajo ya es un mandato judicial, y señaló que el caso de Zerón que demandan los pares "tendrá que revisarse sin lugar a dudas".

Detalló que la comisión abordará todas las hipótesis posibles: la investigación de la PGR que apunta a que los jóvenes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, la recomendación de la CNDH, las líneas de investigación que no se han llevado a cabo o quedaron inconclusas, la indagatoria del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y "se hará todo lo que no se hizo".

El domingo pasado, un juez de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, ordenó que la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) emita una nueva resolución para determinar sobre la posible "trascendencia penal de algunas de las conductas cometidas por servidores públicos de la Procuraduría".

Al respecto, Vidulfo Rosales señaló que la liberación, y con ello la impunidad, de muchos personajes que ya habían sido detenidos es producto precisamente de que la PGR hizo las cosas mal, de que las investigaciones descansaron en la tortura y hubo actos de investigación irregular.

"Lo que nosotros queremos es una nueva ruta donde se puedan conducir las investigaciones y saber qué fue lo que en verdad pasó. No queremos una cacería de brujas, lo que a nosotros menos nos importa es que haya tanta gente en la cárcel, lo que nosotros queremos es saber dónde están los estudiantes o que fue lo que pasó con ellos", destacó.