CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) irá por la regulación a las pensiones de los extrabajadores en las universidades públicas estatales.
Este año, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como la calificadora Moody's señalaron como "insostenible" la situación que se vive en estos planteles.
De acuerdo con la ASF, las universidades públicas estatales tienen un déficit de 227 mil millones de pesos provocados por el pago a personal jubilado, sobre todo de exrectores y directores.
Según la calificadora Moody's –que presentó el diagnóstico a principios del mes de noviembre pasado– los pasivos por pensiones no fondeados, es decir, que generan deudas a las universidades, pueden llegar a representar el 536 por ciento del total de sus ingresos.
En entrevista con El Financiero, Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUIES, explicó que esta es una "problemática insostenible" y que se debe revisar los casos de las instituciones de educación superior de manera integral.
"Lo que está haciendo la ANUIES, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y con la subsecretaria de Educación Superior es una reflexión sobre los sistemas que guardan las pensiones. Estamos viendo los alcances del problema e identificamos los elementos para fundamentar respuestas pertinentes. Sabemos que es una problemática insostenible, tenemos que trabajar y revisar los casos. La ANUIES propone una atención integral que en el conjunto de universidades públicas convocando a todos los actores involucrados a fin de tomar medidas transversales a fin de superar la situación que enfrentan", dijo.
Esta organización ya tiene un diagnóstico hecho que se presentará hoy durante un foro especializado en jubilaciones y pensiones, donde se prevé participe también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
LOS QUE MÁS GASTAN
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) señala en su informe 2013 que quien destina el mayor gasto es la Universidad Autónoma de Nuevo León, seguida de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; la Autónoma de Tamaulipas y la de Colima.
En el caso de la Universidad de Nuevo León se otorgan pensiones superiores a los 200 mil pesos, es decir, un monto superior al que percibe el propio secretario de Educación Pública.
La ASF sugiere que "la Cámara de Diputados analice la factibilidad de legislar a efecto de que los ejecutores del gasto que tienen a su cargo regímenes de pensiones y jubilaciones de beneficio definido realicen modificaciones que contengan, al menos, que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales, que permitan la portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro para el Retiro".
También pide que "la Secretaría de Educación Pública presente al Ejecutivo Federal un informe sobre la situación financiera y los riesgos que enfrentan los regímenes de pensiones y jubilaciones de las Universidades Públicas Estatales, así como de las acciones que en el corto, mediano y largo plazos se deberán implementar para darles viabilidad financiera, con el propósito de asegurar la protección de los derechos laborales de sus trabajadores".