Ante las reiteradas irregularidades en la ejecución del gasto cometidas por el gobierno veracruzano, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizará 46 auditorías al estado, en donde hará una revisión de 23 fondos federales, subsidios, programas u obras que hayan sido ejecutados con dinero transferido por la Federación a la administración de Javier Duarte.
Las investigaciones de la instancia encabezada por Juan Manuel Portal incluirán las inversiones físicas realizadas en la entidad –vía programas y fondos federales– en el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales, así como para el desarrollo turístico sustentable.
También se auditará lo presuntamente construido con dinero del Fondo de Contingencias Económicas, que, según denuncias de alcaldes panistas y perredistas, no es dispersado por el gobierno estatal hacia los municipios.
A su vez, se analizará nuevamente cómo se gastaron los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el DF que, en la revisión de la cuenta pública 2014, arrojó un posible daño al erario por 296 millones de pesos (79 por ciento del fondo), porque el gobierno estatal no entregó documentación comprobatoria de su ejercicio, ubicó los recursos en cuentas distintas a las que legalmente debían usarse, entre otras cosas. Además, según esa revisión, el estado falseó sus indicadores de desempeño.
De acuerdo con el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se realizarán 46 auditorías al estado, entre financieras y de cumplimiento, financieras con enfoque de desempeño, de desempeño y de inversiones físicas.
En el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014, las malas prácticas de la gestión de Duarte también fueron evidentes: obtuvo 5.2 de calificación en el manejo de gasto federalizado, lo que significa que el dinero que el gobierno federal entrega a la entidad no se aplicaba en los programas debidos.
En ese documento, la ASF también informó que los señalamientos realizados al gobierno veracruzano, entre 2011 y 2014, superan los 35 mil millones de pesos, de los cuales 4 mil 770 corresponden a simulación de reintegros; es decir, regresa los recursos que, según la Auditoría, no fueron aplicados correctamente, para luego retirarlos de cuentas donde los depositaron.
Javier Duarte se mantiene en el cargo pese a que fue denunciado penalmente por el SAT y por el próximo gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes; a que lo investiga la PGR por presunto desvío de recursos, y a que militantes del PRI solicitaron su expulsión.
En su declaración patrimonial –hecha pública el miércoles pasado– asegura tener dos casas en Veracruz, con valor acumulado de un millón 700 mil pesos.
Pero los dichos de Duarte en su declaración se han topado con documentos divulgados por Yunes Linares, que dan cuenta de que el priista tiene residencias en zonas tan exclusivas como Woodlands, en Houston, Texas, donde –según acusa Yunes– usó como prestanombres a su cuñada, Mónica Macías.
Los datos de esta propiedad fueron incluidos en una denuncia que Yunes Linares presentó, primero, ante la Fiscalía General del Estado y luego ante la PGR, por el presunto desvío de 3 mil millones de pesos.
Además, recientemente, el Servicio de Administración Tributaria presentó denuncias penales contra la administración del veracruzano, luego de hallar indicios de que 25 empresas fantasma habían firmado contratos con distintas dependencias estatales. Estos datos fueron conocidos a través de una investigación desarrollada por el sitio de noticias Animal Político.