¿Por qué exoneraron a Cienfuegos? Esto dice la Fiscalía

La Fiscalía General de la República (FGR) decidió no ejercer acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

A continuación los motivos por los que la Fiscalía exoneró a Cienfuegos, de acuerdo con un comunicado:

-El General Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas.

-Tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos.

-No se encontraron pruebas de que Cienfuegos Zepeda hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer a dicho grupo delictivo.

-Tras analizar la situación patrimonial y el cumplimiento de obligaciones fiscales del general, la Fiscalía no encontró datos de que el general hubiera obtenido ingresos ilegales o hubiera acrecentado su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público.

Por lo que debido a estos motivos, la Fiscalía, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) determinó no ejercer acción penal contra Cienfuegos Zepeda.

El general fue detenido el 15 de octubre de 2020 en Los Ángeles, California. La administración de Donald Trump insistió en que era un delincuente peligroso, al servicio del crimen organizado y con una red de protección al más alto nivel.

Sin embargo, el 18 de noviembre el propio Gobierno de Estados Unidos decidió retirar los cargos contra Cienfuegos. El general fue entregado a las autoridades mexicanas para que continuara su proceso.

Desde el 9 de enero de este año, Cienfuegos tuvo acceso al expediente del caso y aportó sus pruebas, mientras que la Fiscalía FGR recibió las evidencias que reunieron las autoridades norteamericanas y reunió otras.

La investigación contra Cienfuegos Zepeda fue iniciada en 2013 por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA) sin el conocimiento y sin la colaboración del Gobierno de Enrique Peña Nieto y continuó en la administración de Andrés Manuel López Obrador, que tampoco fue informada al respecto.