El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la moción presentada ante la jueza Carol Bagley Ammon, desestimó los cargos penales de narcotráfico y lavado de dinero en contra del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, porque "consideraciones de política exterior sensibles e importantes tienen mayor peso que el interés del gobierno en mantener la persecución penal del acusado".
Ante ello, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que el gobierno mexicano ve esa decisión no como el camino a la impunidad, sino como un acto de respeto a México y a sus Fuerzas Armadas, porque el general será investigado y, en su caso, procesado en nuestro país de acuerdo con las leyes mexicanas.
"(Esa decisión) significa que las bases que existen de cooperación en materia de seguridad habrán de mantenerse; reconocemos esta resolución del fiscal general de Estados Unidos (William Barr)", afirmó.
El secretario de Relaciones Exteriores aseveró, en rueda de prensa, que el general Cienfuegos será repatriado bajo el estatus "de un ciudadano mexicano que no tiene cargos ya en Estados Unidos".
Detalló que será responsabilidad de las autoridades estadounidenses transportarlo a nuestro país y entregarlo a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual ya tiene abierta una investigación.
De acuerdo con Ebrard Casaubon, la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue tomada en reconocimiento a la sólida relación institucional entre México y Estados Unidos.
Refirió que, a solicitud de la FGR, el Departamento de Justicia, proporcionó a México pruebas y se comprometió a continuar la cooperación dentro de ese marco para apoyar las investigaciones que realizan las autoridades mexicanas.