El senador Emilio Álvarez Icaza y la diputada Lucía Riojas, como integrantes de la iniciativa ciudadana Ahora, denunciaron este viernes ante la Fiscalía General de la República (FGR) irregularidades en la adquisición de un equipo con cargo al Circuito Exterior Mexiquense.
En la denuncia se nombra a Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, Gerardo Ruiz Esparza, Eruviel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza, como personas con participación o conocimiento de los hechos denunciados.
En un texto publicado en su cuenta de Twitter, Álvarez Icaza explica que un sistema de barrera móvil, con un sobreprecio de casi 20 millones de dólares, fue adquirido con cargo al Circuito Exterior Mexiquense a una empresa creada por Ricardo Arturo San Román Dunne, hermano del compadre del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
"Con un sobreprecio injustificado de casi 20 millones de dólares que puede representar el pago de un 'soborno' por la adjudicación del Viaducto Bicentenario en favor de Aleática (antes OHL)", dicta el documento.
Puntualizaron que el aparato fue abandonado durante 10 años debajo de un puente en el Circuito Exterior Mexiquense, donde pasó la mitad de su vida útil.
En la demanda agregaron que el este se echó a perder "sin beneficio para nadie, salvo para Aleátaica que registró 480 millones de pesos como supuesta inversión de recursos propios por este concepto en el Circuito Exterior Mexiquense, lo que genera un rendimiento real anual de 10 por ciento más inflación".
Declararon que el monto de la inversión de Aleática y su rendimiento en la vía supera los mil 500 millones de pesos.
Esta "cantidad que crece día con día y que pagamos indebidamente los usuarios de esa autopista".
Además, acusaron que la concesión para construir, operar y mantener el Viaducto Bicentenario fue adjudicada por el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México en favor de Aleática pese a que existía una mejor oferta.
También dijeron que no contaban con la concesión correspondiente del Gobierno federal, la cual se requiere al estar construido sobre una vía general de comunicación de jurisdicción federal.
Indicaron que el "quebranto" a la Hacienda pública generado hasta el 31 de diciembre de 2018, solo por lo que se refiere a las contraprestaciones no recibidas por el Estado, asciende a mil 629 millones de pesos. "Y esa cantidad crece día con día".
Ahora es una iniciativa de personas que, según su página de internet, "buscan cambiar las condiciones de impunidad y corrupción, desigualdad, pobreza y exclusión, de inseguridad y violencia, para recuperar el proceso del cambio democrático en México".