Publican decreto por el que se elevan a rango constitucional programas sociales de AMLO

El decreto por el que se reformó el artículo 4 de la Constitución para elevar a rango constitucional los programas sociales impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Se reformó el artículo 4, en su párrafo cuarto, además de que se sumaron tres más (párrafos décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto).

En el párrafo modificado, queda establecido que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general".

En los párrafos agregados, se establece que el Estado debe garantizar la entrega de "un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley".

Se aclara que tendrán prioridad las y los menores de 18 años; la población indígena y afromexicana que tengan menos de 64 y años, y las personas en condición de pobreza.

Los adultos mayores, que el artículo establece como aquellos que tienen más de 68 años, estos tendrán derecho a recibir una pensión "no contributiva".

"En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos, esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad", detalla el documento.

Es obligación del Estado mantener un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública. La reforma dictamina que en este, tendrán preferencia quienes pertenezcan a familias en condición de pobreza.

El tercer transitorio de la reforma subraya que el monto destinado para estos programas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en el presupuesto de las entidades federativas, no podrá ser recortado en comparación con el que se otorgó en el ejercicio fiscal anterior.

La reforma, enviada por López Obrador al Congreso en noviembre de 2019, fue aprobada por el Senado de la República el 24 de marzo de este año, por lo que pasó a los congresos locales.

El 4 de abril, el presidente anunció que 17 de esos órganos legislativos ya habían aprobado la modificación.