¿Qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014?

La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes que se preparaban para ser maestros fueron desaparecidos sin dejar rastro alguno, en lo que se conoce como uno de los episodios de violación a los derechos humanos más trágicos en la historia reciente de México.

Los hechos sucedieron cuando un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural 'Raúl Isidro Burgos' de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, con la finalidad de "tomar" autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre de 1968.

Aunque la retención y el uso temporal de las unidades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre de 2014 la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria.

Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco unidades, tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una periférica.

"En esos dos escenarios fueron detenidos los 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no solo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos", relata el Centro de Derechos Humanos.

"¡No tenemos armas, no tenemos armas! ¡Ayúdennos! ¡Somos estudiantes!", fueron aquellos gritos acompañados de imágenes que se obtuvieron de los celulares de los videos que grabaron los estudiantes que presenciaron los trágicos sucesos, tanto del 26 como del 27 de septiembre de 2014, relatan las crónicas de aquella época.

El saldo de aquella noche fue de 43 jóvenes que siguen desaparecidos; seis personas ejecutadas, entre ellas tres normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura y al menos 40 personas fueron lesionadas.

En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.

A pesar del proceso de búsqueda que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos, la obstrucción de la investigación por parte de las autoridades del sexenio de Enrique Peña Nieto ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas sea conocido por las familias y por toda la sociedad; por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos.

La versión de la anterior administración, conocida como 'La Verdad Histórica' en boca del exprocurador Jesús Murillo Karam, decía que esas personas llevaron a los jóvenes al basurero de la localidad de Cocula, los quemaron y echaron sus restos a un río.

Sin embargo, expertos internacionales descartaron esta teoría porque no había evidencias que la sustentaran. Además, aunque quedó constatado que un trozo de hueso hallado en una bolsa era de un estudiante, no se ha podido probar cómo llegó ese resto al lugar del hallazgo.

Con información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y AP