CIUDAD DE MÉXICO. Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, insistió en que la decisión de aceptar como "desaparición forzada" -y no sólo por homicidio, secuestro y delincuencia organizada- la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como pidió el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), depende del Poder Judicial.
"Evidentemente corresponde al Poder Judicial valorar el alcance de esas recomendaciones, la razón de estas recomendación tiene que ver con la importancia de proteger en toda su dimensión el bien jurídico y el bien jurídico que se busca proteger, a juicio del grupo de expertos, quedaría mejor protegido si se recurriera al tipo penal de la desaparición forzada", dijo el funcionario en conferencia de prensa para anunciar el lanzamiento del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes.
El grupo de expertos de la CIDH que investiga en el país la desaparición de los normalistas aseguraron el jueves pasado que ''hablar de homicidio, secuestro o de otro tipo penal no involucra bienes jurídicos internacionales'', y en cambio catalogarlo como desaparición forzada hace que el delito sea reconocido como un crimen de lesa humanidad y por tanto de mayor relevancia.
''Vemos elementos que estructuran el delito de desaparición forzada […] Los otros delitos son especializados o comunes, pero no con las características y la importancia de protección a la vida, a la integridad y a la dignidad de la persona'' que tiene la desaparición, subrayó la jurista colombiana Ángela Buitrago, integrante del grupo de expertos.
Gómez Robledo agregó que antes de salir de México, los expertos de la CIDH volverán después de Semana Santa "como parte de la confirmación de sus entrevistas con distintos actores que han tenido alguna participación en las investigaciones, poder entrevistarse con aquellos elementos militares que forman parte del batallón 27 que ya declararon ante el Ministerio Público, y eso es lo que vamos a transmitir a las autoridades correspondientes".
En el mismo evento, el titular del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Eduardo Sojo, reconoció que la población afrodescendiente no ha sido contemplado en ninguna de las encuestas realizadas en el país, por lo que en esta ocasión se integraron en el cuestionario intercensal que aplica actualmente el organismo.
Con este ejercicio se podrá identificar y ubicar a la población afrodescendiente y se realiza en 270 municipios a manera de censo y en tres más de forma muestral.
A su vez, el antropólogo Diego Prieto Hernández, llamó la atención sobre el hecho de que desde el siglo 20 se determinó que, biológicamente, no hay razas entre los seres humanos, "pero a pesar de ello hay racismo". En todo caso, subrayó, "todos somos afrodescendientes, en razón de que el origen del homo sapiens tuvo lugar en África".
Mientras que el alto representante de Naciones Unidas de Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández Valencia, destacó que México en la época del virreinato, recibió más población afrodescendiente para trabajar como esclavos, que Estados Unidos en su momento.
