CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal aceptó a trámite una demanda de amparo promovida por Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, a través de la cual busca recuperar dos pólizas de seguro a su nombre aseguradas por la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con una notificación publicada este lunes en el Juzgado Cuatro de Distrito de Amparo en Materia Penal, dentro del expediente 1043/2017, se advierte que Ávila Beltrán solicitó en octubre pasado a la PGR liberar dichas pólizas sin que haya tenido respuesta.
"Se admite la demanda de amparo promovida por el apoderado legal de Sandra Ávila Beltrán, contra actos del agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y otras autoridades", dijo la juez María Dolores Núñez.
Según el expediente, la demanda de amparo se presentó el 30 de noviembre pasado pero debido a que se requirió a la defensa de Ávila Beltrán ratificar una firma, fue hasta este lunes cuando el juicio de amparo fue aceptado a trámite sin que se dictara una suspensión.
"(No hay lugar) a formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa", dijo la juez y advirtió que será a las 10 horas con 10 minutos del 28 de diciembre próximo para la celebración de la audiencia constitucional.
En su demanda, Ávila Beltrán reclamó la falta de respuesta a la petición realizada el 26 de octubre pasado, por medio del cual solicitó se determine jurídicamente el destino de las pólizas de seguro 000000NB4411 y 000000BR3943.
Dichas pólizas están a nombre de Sandra Ávila Beltrán y se relacionan con las averiguaciones previas 2345/MPFEADS/2001 y/o 966/MPFEADS/2002, ambas iniciadas en su contra por delitos relacionados con el narcotráfico y por las cuales fue detenida e incluso extraditada a Estados Unidos.
Actualmente Ávila Beltrán está libre tras purgar una condena en Estados Unidos. En México, la PGR no pudo acreditar más delitos por lo que quedó en libertad. Desde entonces ha ganado varios juicios para recuperar las propiedades que el gobierno de México le incautó.
La juez estimó que la PGR debe dar una contestación en siete días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, para dar "expedita y prontitud" en la impartición de justicia y ponderar un término menor en perspectiva de una pronta resolución.