El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este miércoles el decreto para cambiar de nombre al Instituto de Administración de Bienes y Activos (antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE), por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
El documento establece que "todas las referencias que hagan mención al Instituto de Administración de Bienes y Activos en la normatividad vigente, se entenderán realizadas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado".
Agrega que esta modificación está acorde con los objetivos del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir a la corrupción, impulsar la transparencia e implementar una política social en beneficio de los más necesitados del país.
La nueva política gubernamental de este instituto contribuirá a la misión permanente de ofrecer a la ciudadanía, a través de procesos comerciales, la posibilidad de adquirir bienes de particulares (incluidos servidores públicos actuales y exservidores públicos) que fueron obtenidos mediante actividades ilícitas.
De esta manera, el Gobierno se allega de recursos que son destinados para el beneficio de la sociedad, a través de obras, becas y bienes específicos, especialmente para comunidades de muy alta y alta marginación.
Para ello se conformó un Gabinete Social de la Presidencia de la Republica, integrado por las secretarías de Gobernación, Hacienda, Bienestar, Educación y Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).
Este órgano propondrá y definirá el uso de los recursos y bienes a través de criterios de utilidad, seguridad y justicia social.
Este nuevo instituto también tendrá la función de monetizar los bienes transferidos a él como asegurados por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de reducir costos con cargo a recursos públicos, con excepción de lo que sean objeto de prueba.
También se plantea la creación de un Fondo de Reserva para resarcimientos ordenados por la autoridad judicial por afectaciones a particulares.
Este instituto se mantendrá como un organismo descentralizado de la administración pública dederal, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y continuará con las actividades de desincorporación, liquidación o extinción de bienes, activos o empresas que previamente habían realizado sus antecedentes institucionales.