CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió este martes la acción de inconstitucionalidad que promovió la Procuraduría General de la República (PGR) contra la reformas anticorrupción aprobada por el Congreso de Sinaloa, a propuesta del gobernador saliente Mario López Valdés.
Una vez que se conoció de este recurso, el expediente se turnará a uno de los ministros para que determine si cumple con los requisito de ley y, en su caso, se elabore el proyecto de sentencia que se discutiría en el pleno.
Se trata de la cuarta acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR por casos similares, al advertir que dichas reformas van en contra de las leyes generales en materia anticorrupción.
Antes lo hizo por casos similares en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, cuyas reformas fueron criticadas pues se dijo que se trataba de blindajes para que los gobernadores salientes de esas entidades no fueran sujetos de responsabilidad al dejar el cargo.
Y es que, entre otras cosas, las reformas facultaban a los mandatarios estatales a designar a los fiscales anticorrupción por periodos largos e inamovibles.
Hasta ahora, la SCJN ya echó abajo las reformas aprobadas por los Congresos de Chihuahua y Veracruz, y aceptó a trámite este nuevo recurso; faltarían por resolver los casos de Quintana Roo y Sinaloa.
Cabe recordar que el 19 de agosto pasado, el Ejecutivo de Sinaloa publicó en la Gaceta Oficial de ese estado el Decreto 768, mediante el cual se facilitaba la ratificación en el cargo, con carácter de inamovibles, de los Magistrados en funciones del Tribunal de Justicia Administrativa.
Derivado de ello, la PGR impugnó dicho decreto al advertir que esta situación viola el Artículo Octavo transitorio de la Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015, que advierte que los magistrados en funciones, podrán continuar en el cargo por el tiempo que hayan sido nombrados.
La dependencia que encabeza Arely Gómez González, aseguró que el Congreso del Estado de Sinaloa, transgredió los principios de certidumbre y seguridad jurídicas.
Y es que dijo que los sistemas estatales anticorrupción no deben ser creados "a partir de reformas aisladas, decretos descontextualizados o enmiendas parciales, ya que ese proceder indefectiblemente genera incertidumbre jurídica. La creación de un 'sistema' implica el diseño de un conjunto de reglas y principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí", apuntó en un comunicado.