Seguritech acapara contratos y denuncias en diez entidades

La violencia que azota a varias entidades de la República ha hecho millonaria a una sola empresa: Seguritech. De acuerdo con una investigación del periodista Marcos Vizcarra, que publicó ayer el diario Noroeste, de Sinaloa, esta compañía ha obtenido contratos por 22 mil 307 millones 297 mil 718 pesos desde 2007 a la fecha.

Esto, según siempre la investigación, sucedió en Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Colima, Guanajuato y seis delegaciones de la Ciudad de México.

El reportero pudo corroborar lo anterior gracias a la información que sobre los contratos obtuvo a través de los portales de transparencia de los estados y reportes de las auditorías federal y locales.

Se señala que estas entidades firmaron contratos por servicios de seguridad, en el transcurso de 10 años, bajo el esquema de adjudicación directa, "sin un proceso para revisar quiénes son los más económicos o más eficientes, sino que se eligieron de forma directa a empresas que los funcionarios en turno consideran las mejores; aunque éstas, incluso, no tengan la mejor reputación en otras entidades".

De acuerdo con el reportaje, las entidades contrataron a Seguritech para rentarle, con contratos multianuales, tecnología y edificios para inteligencia policíaca.

Entre los servicios que ofrece Seguritech están los edificios que se llaman C-4 o C-5, que son complejos para crear inteligencia policial, así como vehículos blindados, helicópteros, aviones, videocámaras, arcos carreteros de seguridad, lectoras de rostros, lectoras de placas de vehículos, rayos x, drones y vigilancia satelital.

Como también registró en diversas publicaciones El Financiero (20/01/2016, 29/03/2017 y 07/04/2017), el diario sinaloense reporta que "para contratarlas, los gobiernos estatales no han lanzado licitaciones públicas para que las compañías compitan y, así, las administraciones públicas decidan por la opción más idónea para las finanzas".

La empresa de Picker Schatz opera de la siguiente manera: al estado que llega deja claro en las negociaciones que toda información de los contratos debe reservarse, con el argumento de ser sensible para su seguridad.

Pero en la mayoría de esos estados la empresa tuvo o tiene problemas con los gobierno, lo que ha hecho que las auditorías de los estados y la de la Federación hicieran observaciones y promovido sanciones administrativas o penales.

Eso ocurrió después de que se detectara que la contratación de la empresa se hizo de forma directa, cuando los estados pudieron hacer licitaciones. También se encontró que la empresa incumplió en sus cláusulas, o que los gobierno no abogaron por tener mejores contratos. En donde hasta el momento no hay problemas es porque recién iniciaron operaciones.