El Pleno del Senado aprobó este miércoles, en lo general y en lo particular, la reforma para que la Secretaría de Marina (Semar) tome el control de los puertos mexicanos.
El proyecto, que plantea modificaciones a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y la Ley de Puertos, fue avalado en lo general con 70 votos a favor, 26 en contra y cuatro abstenciones.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Marina, el priista Eruviel Ávila, explicó que la reforma legal contemplada en el dictamen tiene como objeto la migración de ciertas atribuciones en el control de puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Semar en su carácter de dependencia del Ejecutivo federal.
Afirmó que el dictamen no atenta contra el artículo 129 de la Constitución, el cual establece que en tiempo de paz ninguna institución militar podrá ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.
Precisó que este artículo es inaplicable debido a que la militante se refiere a autoridades militares, no así a las secretarías de Estado, las cuales tienen una naturaleza civil y no militar dentro de las que se encuentra la Semar.
El exgobernador del Estado de México destacó que la propia Constitución enlista a las autoridades militares en sus artículos 73, fracción 14, y 89, fracción sexta.
"Es preciso aclarar que las atribuciones las ejercerá en su caso la Secretaría de Marina y no la Armada de México. La primera es una secretaría de Estado, que tiene despacho de asuntos administrativos.
"La Armada de México es una institución militar de carácter permanente que cuenta con su propia ley orgánica y su misión es emplear el poder naval de la federación para la defensa exterior, y además contribuir a la seguridad interior del país", argumentó.
En la discusión del dictamen, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, criticó la insistencia del Ejecutivo federal en trastocar el equilibrio del poder civil con el militar.
Rechazó las persistentes decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador para militarizar no solo la seguridad, sino además la administración pública, cediendo espacios de forma inconstitucional a los militares, lo cual contradice al artículo 129 de nuestra Carta Magna.
"No podemos acompañar una reforma que pretende profundizar la militarización del país al introducir en este esquema a la Marina Mercante, a la educación náutica mercante, a la administración portuaria, a las contrataciones en materia de comunicaciones y transportes náuticos, entre otras cosas, que trastocan de manera indebida e inconstitucional el funcionamiento de la administración pública federal", afirmó.
El panista Julen Rementería consideró que los argumentos de López Obrador no atienden a la verdad, lo cual quedó claro con la renuncia de Javier Jiménez Espriú a la SCT, porque una actividad que es eminentemente comercial y que además tiene que seguir siendo así, viene a trastocarse.
"Esta reforma es un error de forma y de fondo. Si nosotros juntáramos las piezas legislativas de las decisiones que estamos tomando, y con eso viéramos la parte de un rompecabezas en su conjunto, lo que podemos observar es que se está configurando una serie de decisiones de corte autoritario", aseguró.
"La suma de las piezas individuales empiezan a mostrar que este gobierno está optando por un modelo de concentración de poder, de concentración de atribuciones y de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas sin precedente. Es un modelo que va hacia una transición autoritaria", consideró el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza.
En la votación en lo particular, el dictamen fue aprobado con 61 votos a favor, 31 en contra y dos abstenciones.
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