CIUDAD DE MÉXICO.- La titular de la Secretaría de la Función Pública, (SFP), Arely Gómez González, aseguró que no heredará al siguiente gobierno los temas de la 'Estafa Maestra', Odebrecht y Paso Exprés.
Aseguró en todos los casos dejará procedimientos sancionadores contra empresas y funcionarios públicos, y sólo que aparezca algo nuevo los nuevos funcionarios le darán seguimiento.
El coordinador general de Órganos de Vigilancia de Control de la dependencia, Christian Noé Ramírez Gutiérrez, rechazó que se vayan a dejar esos temas para que los termine la próxima administración.
"Yo diría que se los transmitimos ya con resultados. La Secretaría de la Función Pública no ha sido pasiva en estos tres temas, hemos tenido resultados", sostuvo.
En el caso de la 'Estafa Maestra', organizaciones sociales y medios documentaron que 86 empresas recibieron 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.
Más de 3 mil 433 millones de pesos entregados por once dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) desaparecieron, porque terminaron en empresas fantasma.
Se contó con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por jugar este rol.
Explicó que en ese caso se han sancionado a 17 servidores públicos y 14 están encuentran sujetos a procedimientos resarcitorios. Recientemente, hace unos meses, fue inhabilitada Radio y Televisión de Hidalgo, que fue uno de los entes públicos involucrados y se le impuso una sanción económica.
Informó que también la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le está dando seguimiento al caso y en breve dará a conocer sus procedimientos resarcitorios.
Por otra parte, mencionó que la SFP, en el tema de Odebrecht, ha emitido, al día de hoy, ocho resoluciones sancionatorias, cuatro han sido en contra de la empresa, han habido cuatro inhabilitaciones, y en dos de éstas se impusieron sanciones económicas por más de mil 86 millones de pesos.
Informó que para el próximo sexenio van a dejar tres procedimientos avanzados, dos sanciones más en contra de un servidor público de Pemex y dos más en contra de representantes legales de la empresa.
Además se consiguió que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) impusiera embargos a favor de las cuentas por cobrar de la empresa brasileña. "Esto permitirá que, eventualmente, el gobierno entrante pueda recuperar gran parte del dinero que nosotros impusimos a título de sanción económica", expuso.
Respecto al Paso Exprés, Ramírez Gutiérrez aseguró que se agotó la investigación en el ámbito de los hechos ocurridos 12 de julio del año pasado. "Al día siguiente nosotros iniciamos una auditoría desde el Órgano Interno de Control de SCT, en la que coadyuvó y hubo presencia directa de un área central, la propia Subsecretaría de Auditoría de la Secretaría de la Función Pública", indicó.
Las indagaciones tuvieron como resultado ocho resoluciones sancionatorias emitidas, siete en contra de servidores públicos de SCT y una más para Conagua; aseguró que se agotaron todas las líneas de investigación.
Finalmente, aseguró que en la SFP investigan los patrimonios de la extitular de Sedesol y actualmente de Sedatu, Rosario Robles y de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
"No es un área que me toque a mi coordinar, pero si tengo entendido que se está llevando a cabo la verificación patrimonial tanto de la secretaria Rosario Robles así como al exdirector de Pemex Lozoya".