CIUDAD DE MÉXICO.- Michoacán, la Ciudad de México, Oaxaca, Guanajuato, Chiapas, Sinaloa y Morelos son las entidades que registran mayores montos de posibles daños al erario como consecuencia del mal manejo de los recursos transferidos por el gobierno federal para brindar el Seguro Popular, de acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El posible daño al erario registrado por estas y otras cuatro entidades equivale a más de 2 mil millones de pesos. Michoacán concentra casi la mitad de esa cifra, seguido por la capital, con 290 millones 719 mil pesos y Oaxaca con 254 millones de pesos.
Transferencias de recursos a cuentas no habilitadas para aplicarlos y subejercicios; pagos a comisionados y salarios entregados a empleados no capacitados para cumplir ciertos puestos; compra de medicamentos a precios superiores o no incluidos en el catálogo establecido son las observaciones más recurrentes en el informe.
En el caso de Michoacán, la ASF no acreditó la transferencia de recursos de la cuenta de la Secretaría de Finanzas local a la que usaría para aplicar los recursos, además, pagaron a comisionados sindicales, pese a que no brindaban atención a los afiliados del seguro.
En el de la Ciudad de México las razones son muy similares y en
Oaxaca los recursos de la cuota social y aportación solidaria se ejercieron mal, y los rendimientos financieros no fueron transferidos.
otras irregularidades
Aunque no registran posibles daños a la hacienda pública, Veracruz, Baja California Sur y Chihuahua también presentan irregularidades en el ejercicio de esos recursos.
Veracruz debe aclarar qué hizo con 2 mil 509 millones de pesos que, al 30 de septiembre de 2015, no había ejercido, pese a que datan de 2014, casi 50 por ciento de los recursos para el Seguro Popular.
Chihuahua tomó dinero del seguro popular para "prestarlo" al Instituto Chihuahuense de Salud y compró medicamentos no incluidos en el catálogo. Además, pagó a médicos para realizar funciones administrativas no para atender a la población. Ahí, las recuperaciones probables equivalen a 98 millones 209 mil pesos.
Baja California Sur debe aclarar cómo ejerció casi 36 millones de pesos; no entregó completa la documentación y compró anticonceptivos que no llegaron al almacén.