La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca la rectoría del Estado en el sector energético, subrayó este miércoles la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
La ministra remarcó que este sector es una actividad estratégica de seguridad nacional.
"Lo es por tres principios constitucionales: la continuidad en el servicio, la confiabilidad en el servicio y la estabilidad en el servicio y solamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede garantizarle al Estado mexicano estos tres principios", remarcó.
Sánchez Cordero agregó que la administración federal está abierta a que la iniciativa privada participe en el sector energético, pero "con reglas y límites".
La propuesta, enviada esta semana al Congreso de la Unión, tiene como propósito, entre otras acciones, "garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios, que únicamente serán actualizados en razón de la inflación. Ello, al proponer modificar el orden de la prioridad del despacho, mediante la operación de las centrales eléctricas en el actual Contrato Legado de la CFE, y con el diseño de un nuevo Contrato de entrega física de energía y capacidad a la red".
Rocío Nahle, secretaria de Energía, explicó que la primera condición para despachar electricidad serán las hidroeléctricas de la CFE, posteriormente se despacharán todos los ciclos combinados de esa firma, después se despachará la energía eólica y solar, y al final se permitirá despachar a las compañías privadas.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) afirmó que la propuesta es un "retroceso para el sector eléctrico", y que tendrá repercusiones negativas sobre las finanzas públicas, el medio ambiente y los consumidores mexicanos.