CIUDAD DE MÉXICO.- A un año de que surgiera la plataforma 3de3 para concentrar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de los funcionarios del país, sólo un secretario federal lo ha hecho; "es una lástima que el gobierno federal se esté esperando a que esto sea una obligación de ley y no demuestre su compromiso", advierte en entrevista la investigadora Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Transparencia Mexicana y el Imco son las organizaciones civiles encargadas de recibir la información que, de manera voluntaria, envían los funcionarios públicos al portal, y aunque dichas asociaciones destacan un balance positivo, pues han reunido la información de 75 por ciento de los gobernadores del país, hay una gran opacidad a nivel federal.
Rafael García, de Transparencia Mexicana, confirma que sólo un funcionario federal, José Eduardo Calzada Rovirosa, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ha presentado sus declaraciones; sin embargo, a nivel estatal los resultados cambian: "tenemos casi 300 funcionarios de gobiernos estatales, en Querétaro, Baja California Sur, en Nuevo León, en Sonora. Es una señal de que han entendido que ésta será una práctica obligatoria", señala.
"A nivel federal seguimos en la absoluta opacidad, es una lástima, entendiendo la sensibilidad del tema y entendiendo que esto es una acción ciudadana justamente para reconstruir la confianza que tenemos en nuestro gobierno y, bueno, el gobierno federal que evidentemente no se ha salvado de los escándalos debería ser el primero en tratar de construir o reconstruir esta credibilidad entre la ciudadanía", comparte a El Financiero Alexandra Zapata.
De las 32 entidades del país sólo faltan siete gobernadores, en activo, en presentar su 3de3: de Baja California, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nayarit, Tabasco y Tamaulipas. Roberto Borge, quien era gobernador de Quintana Roo hasta el sábado, se fue del cargo sin entregar sus declaraciones.
"En el Senado sí seguimos con una cifra de 21 por ciento; en diputados federales la cifra es más alta, ya tenemos casi el 25 por ciento que ha presentado su 3de3, sin duda queremos estar llegando a 250, al 50 por ciento, pero bueno, son cifras muy distintas a las que nos imaginábamos cuando lanzamos la iniciativa", cuenta Zapata.
Para Rafael García, quienes han estado ausentes de la discusión y han evitado entrarle al tema son los integrantes del Poder Judicial, pues aunque para 2017 será una obligación hacer públicas sus declaraciones a partir de la Ley 3de3, "a mí me encantaría ver a magistrados, a jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con interés de sumarse a esta iniciativa, porque ellos también toman decisiones como jueces que pueden entrar en riesgo o en espacios de discrecionalidad, que puedan convertirse en conflictos de intereses", explica.
Los investigadores señalan que a pesar de la resistencia, la respuesta de los más de mil 500 funcionarios públicos que han participado entregando sus declaraciones representa una evolución de la cultura del servidor público: "Al inicio había una resistencia a publicar esta información", indica García.