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CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este miércoles atraer un amparo promovido por un jugador del equipo de futbol 'Avispones de Chilpancingo', víctima del Caso Iguala, en la que exige la reparación integral del daño.
El joven y su familia se amparó contra una resolución de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), al considerar que no han cumplido con su obligación de otorgamiento de medidas de reparación integral.
Con esta atracción, los ministros están en posibilidad de analizarse las medidas que se deben otorgar a un integrante de dicho equipo de futbol para que se le reparen los daños que sufrió durante la llamada noche de Iguala.
Esa noche también desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal rural 'Raúl Isidro Burgos' de Ayotzinapa.
Al conocer del asunto, el Tribunal Constitucional estaría en posibilidad de definir el contenido y el alcance del derecho a la reparación integral de las víctimas en asuntos derivados de la Ley General de Víctimas.
El caso será asignado a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien tendrá que elaborar un proyecto de sentencia y someterlo a la consideración de sus pares en la Primera Sala de la Suprema Corte.
La víctima se quejó de que la CEAV en su resolución de 20 de abril de 2017, dentro del expediente CEAV/CIE/0063/2016, ordenó la reparación del daño, pero incurrió en omisiones y deficiencias al valorarlo.
La comisión aseguró que el menor "no presentó sintomatología médica o psicológica significativa derivada del hecho victimizante", por lo que simplemente lo remitieron al servicio médico para un tratamiento.
Sobre el hecho en sí, aseguró que no se podrá hacer una valoración del daño hasta que no se "conozcan la verdad de los hechos".
Además, fijó una compensación económica a favor de la víctima directa del hecho por 188 mil 374 pesos, de 94 mil 187 a favor de sus padres, y de 37 mil 674 a favor de su hermana.
Ofreció también una beca a la víctima y una compensación extra a sus padres de 160 mil pesos por concepto de gastos y costas; así como 37 mil 670 por tratamiento médico.
La víctima y sus padres se inconformaron por lo que el caso será analizado ahora por la Suprema Corte.