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CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) implementar los mecanismos necesarios para garantizar el derecho al voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva para los comicios presidenciales de 2024.
La Sala Superior resolvió el recurso que presentaron Guadalupe Gómez Hernández y Marcos Ruiz López, indígenas tzotziles que se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) El Ámate, en Cintalapa, Chiapas, aunque no han sido sentenciados, quienes buscaban votar en las elecciones del año pasado.
En una votación dividida, en la que cuatro magistrados avalaron la resolución –Janine Otálora, José Luis Vargas, Mónica Soto y Felipe de la Mata– y tres votaron en contra –Felipe Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante–, el pleno determinó que se debe reconocer el derecho al voto de las personas que se encuentran en prisión, pero que no han sido sentenciadas, "porque se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia".
"Ante el reconocimiento del derecho activo de las personas en prisión preventiva, se propone que el INE implemente una primera etapa de prueba antes del año 2024", determinó.
La resolución señala que la primera etapa de prueba debe realizarse en un plazo razonable, para asegurar el derecho a votar de las personas en prisión en los próximos comicios presidenciales.
El magistrado ponente Felipe de la Mata Pizaña detalló que al INE le corresponderá identificar si el ejercicio al derecho al voto se aplicará sólo a la elección presidencial o también a otras elecciones, "según las necesidades o posibilidades administrativas y financieras".
Indicó que la prueba que el instituto deberá implementar tendrá que ser una muestra representativa que abarque todas las circunscripciones electorales, varias entidades federativas y diversos reclusorios.
De acuerdo con la resolución aprobada, el INE podrá definir los mecanismos de voto, ya que podría ser a través de correspondencia.
"Ante el reconocimiento del derecho al voto activo de las personas en prisión preventiva, se propone que de manera paulatina y progresiva el INE implemente una primera etapa de prueba antes de las elecciones de 2024, para garantizar ese derecho de las personas en esta circunstancia y reclusión", expuso.
El magistrado José Luis Vargas refirió que, de acuerdo con cifras oficiales, 39 por ciento de la población carcelaria no cuenta con sentencia, por lo que se encuentra en un "limbo jurídico".
Por ello, aseveró que "no puede restringirse el derecho al voto a personas sujetas a proceso penal que no cuenten con sentencia inculpatoria firme".
Como parte de la sentencia también se acordó que se dará vista al Congreso de la Unión, para que revise el tema del voto de las personas que se encuentran en esta condición.