Con votación divida en lo particular y por mayoría en lo general, los integrantes de la LXIII Legislatura local aprobaron enmiendas a la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala para prohibir y sancionar la venta y facilitación de bolsas de plástico, popotes, envases, y recipientes en cualquier establecimiento mercantil.
En ese sentido, los legisladores locales avalaron sanciones a los establecimientos mercantiles que utilicen bolsas o popotes de plástico no biodegradables, así como todos aquellos derivados del poliestireno, para fines de envoltura, transportación, carga, traslado o consumo de alimentos de sus consumidores, que serán de cinco a 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en la entidad, que equivale en promedio de 422.45 pesos a 8 mil 449 pesos.
Dichas sanciones serán aplicadas por la Coordinación General de Ecología (CGE) del Gobierno del Estado, con base a la infracción de los artículos 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Ecología, y no podrán exceder de un monto equivalente a cinco mil veces el valor de la UMA, es decir, no podrá superar los 422 mil 450 pesos por la infracción más grave que es la reincidencia en más de dos ocasiones en la facilitación, venta o entrega al consumidor de bolsas plásticas, popotes, utensilios elaborados a base de polietileno y contenedores de poliestireno de un solo uso (artículo 89).
La discusión del dictamen no se registró por el monto de las sanciones previstas en el proyecto de decreto que fue presentado por las Comisiones Unidas de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, sino en los artículos transitorios referente al plazo para la entrada en vigor de las modificaciones a la ley y las multas además del tiempo para que los Ayuntamientos realicen las adecuaciones pertinentes en sus reglamentos.
A pesar de las opiniones divididas, los integrantes del Congreso local aprobaron ampliar el plazo de entrada en vigor a las modificaciones a ley, la aplicación de sanciones y la homologación en los municipios al mes de marzo del año 2020 y de 180 días como estaba planteado en el dictamen original.