Dulce María Silva Hernández, ahora esposa de César Yáñez, quien será coordinador de Política y de Gobierno del gabinete de López Obrador, estuvo en prisión durante 14 meses (marzo 2016-mayo 2017) por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita.
Dulce María pertenece a una familia empresarial de Puebla. Es reconocida en Huamantla por sus actividades comerciales como por sus acciones de apoyo para las mujeres con cáncer de mama.
Silva Hernández estuvo recluida en el penal de San Miguel, en Puebla, tras ser acusada de recibir en cesión un terreno propiedad del apoderado de Invergroup, Edmundo Tiro Moranchel, quien fue procesado por defraudar a cientos de ahorradores poblanos.
En su momento, este predio se convirtió en una disputa con el gobierno de Rafael Moreno Valle por estar ubicado junto al Parque Lineal Angelópolis y el hotel Gran Fiesta Americana.
Dulce María aseguró entonces que su encarcelamiento se debía al interés del ahora exgobernador por quedarse con el inmueble de 6 mil metros cuadrados.
Asimismo denunció que, a través de distintos emisarios, intentaron obligarla a ceder los derechos del terreno a un fideicomiso y que incluso le habían ofrecido entre 10 y 30 millones de pesos y su libertad inmediata, si accedía a la petición del gobierno en turno.
Además, acusó que su aprehensión tenía tintes políticos por su relación con Yáñez, allegado al ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien ha tenido diferencias con Moreno Valle.
Silva Hernández obtuvo su libertad luego de que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal fallara a su favor el amparo que había obtenido en febrero de 2017.
"Silva Hernández ganó en definitiva el juicio 399/2016", de acuerdo con el abogado Carlos Meza Viveros.
Activistas aseguraron que a la mujer se le acusaba por un contrato de cesión de derechos celebrado el 13 de marzo de 2009, y el delito que se le atribuye entró en vigor el 5 de enero del 2012, lo que significaría que se le habría aplicado en su perjuicio una ley que al momento de los hechos no era considerada como delito.
Al presentar el amparo, informaron que el encarcelamiento es ilegal, pues en el auto de formal prisión se dijo que Dulce María depositó 30 millones de pesos; sin embargo, las pruebas a las que invocó el juez responsable no se acreditó dicho depósito ni alguna entrega de dinero.
En marzo de 2017, Dulce María hizo huelga de hambre dentro de la cárcel de San Miguel para exigir que se cumpliera el amparo que se resolvió a su favor y en el que la justicia federal ordenaba su libertad.
El Centro Estatal de Derechos Humanos, José Luis Tehuatle Tamayo, consideró que fue una presa política del exgobernador y hoy senador de la República por el PAN, Rafael Moreno Valle Rosas.
De acuerdo con su abogado, las autoridades nunca pudo probar que el terreno en disputa se haya adquirido con recursos ilícitos.
Con información de reportes periodísticos*