El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, advirtió que en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hubo una "limitada" colaboración de las dependencias del Ejecutivo federal en materia de transparencia y fiscalización.
Al entregar este sábado a la Cámara de Diputados el tercer y último paquete de resultados de las auditorías de la Cuenta Pública 2019, alertó también que en el gasto federalizado de los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México "no existen criterios, metodologías o normativa específica para la determinación de los fondos, programas y recursos".
Este gasto federalizado tuvo en 2019 un monto aproximado de 1.9 billones de pesos, que representan –dijo- una tercera parte del gasto neto de la Federación (33 por ciento en ese ejercicio).
Durante la entrega de los 871 nuevos informes individuales, que junto con los presentados en el pasado mes de octubre suman alrededor de mil 400, expuso que por la epidemia del COVID-19 -dado que la revisión se hizo en el 2020-, "las tareas de fiscalización se han visto afectadas" porque "las entidades fiscalizadas han limitado su comunicación con la ASF en el intercambio de documentación e información".
Por lo anterior "las cifras que actualmente se reportan pueden sufrir variación, debido a las actualizaciones que pudieran presentarse posterior a la fecha de elaboración del presente documento, en razón de la documentación que las entidades fiscalizadas pudieran remitir a la ASF para su valoración".
Remarcó que "será siempre relevante que los órganos de Control Interno de los niveles federal y locales, así como de los órganos autónomos, refuercen sus tareas preventivas y de acompañamiento, ello para evitar que los entes auditados tengan observaciones o recomendaciones".
Destacó que se detectaron irregularidades en las revisiones de rubros como la Adquisición de Medicamentos y Material Terapéutico; Compra de Vacunas; revisión a los Materiales, Accesorios, Equipo, Instrumental y Suministros Médicos y de Laboratorio, en la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, así como una Evaluación y Prospectiva del Esquema de Seguridad Social y su Nexo con la Prestación de Servicios Médicos de Cobertura Universal.
También, en las auditorías al Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, y la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Santa Lucía).
Además, se auditaron los programas sociales, tales como el Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el Programa Sembrando Vida, el Programa Crédito Ganadero a la Palabra, el Censo del Bienestar y el Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social.
En su mensaje a los legisladores, David Colmenares Páramo detalló que en esta Cuenta Pública se enlistaron cuatro mil 769 acciones u observaciones, de las cuales son dos mil 606 son recomendaciones; 73, promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; 139, solicitudes de aclaración, mil 025 promociones de responsabilidades administrativa sancionatoria y 926 pliegos de observaciones.
Aclaró que "los resultados de todas las auditorías, en donde los informes individuales hablan por sí mismos, en cada uno de los rubros fiscalizados, pueden ser consultados en forma concurrente a este acto en la página web de la Auditoría Superior de la Federación".
"Tratándose de las tareas que competen a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, se ha emitido un total de cincuenta y un mil quinientos veintiocho (51,528) acciones que se vinculan con las Cuentas Públicas de 2014 y hasta la segunda entrega de la Cuenta Pública de 2019.
"De estas se han concluido un total de cuarenta y cinco mil quinientos veintitrés (45 mil 523) lo que representa el ochenta y ocho por ciento (88 por ciento), restando por atender un saldo del once por ciento", añadió.
"Por lo que corresponde a la labor jurídica de la Auditoría Superior de la Federación, en esta semana se presentaron 13 denuncias penales que corresponden a Cuentas Públicas anteriores", precisó.
Expuso que "en relación con los procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, de noviembre de 2019 a la fecha, se han iniciado 298 procedimientos correspondientes".
Insistió en que "la pandemia por COVID-19 ha traído aparejados importantes desafíos para el sector público, que ha debido hacer frente a múltiples demandas en un tiempo muy limitado; por ello, las acciones tomadas, en materia de adquisiciones, contratación de servicios o priorización de acciones gubernamentales representarán, para la fiscalización superior, un complejo universo que será necesario analizar de manera exhaustiva".
Por lo anterior, adelantó que "la revisión de la Cuenta Pública 2020 será por lo mismo completamente atípica".