Nacional

Tribunal Constitucional suspende votación secesionista de Cataluña

Mientras se estudia su legalidad, la votación de pasado viernes fue suspendida por el Tribunal; mientras tanto el Tribunal Supremo citó a la presidenta del Parlamento y a seis legisladores para este jueves y viernes.

MADRID.- El Tribunal Constitucional de España suspendió la votación de independencia celebrada el pasado viernes en el ahora disuelto Parlamento de Cataluña mientras estudia la legalidad del proceso.

El fallo del martes responde a la apelación presentada ante el alto tribunal por los legisladores catalanes contrarios a la votación.

La declaración de independencia, que fue boicoteada por la oposición en la cámara, fue aprobada con 70 votos a favor y 10 en contra. El Parlamento de Cataluña tiene 135 escaños.

Según la Constitución Española, aprobada en 1978, la unidad del país es "indisoluble". Con base a esto, el tribunal se pronunció en contra de cualquier iniciativa en favor de la secesión de la región nororiental.

Además, el Tribunal Supremo de España anunció que investigará a seis legisladores que formaban la mesa de gobierno del ahora disuelto Parlamento de Cataluña por posibles cargos de rebelión, sedición y malversación tras la declaración de independencia formulada en la cámara la semana pasada.

Entre los señalados está la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, una de las caras más visibles del independentismo catalán en los últimos años.

Por ello la citó este jueves y viernes, así como a seis diputados cesados para responder a las preguntas de rebelión, sedición y malversación en relación con la declaración la independencia de Cataluña la semana pasada.

El tribunal dijo que los seis, incluida Forcadell, estarán en la corte a las 9:30 am ambos días. No hubo detalles sobre quién sería interrogado primero.

El fallo del martes se produjo un día después de que el fiscal general del estado, José Manuel Maza, anunció la presentación de una querella.

De acuerdo con la ley española, los cargos de rebelión, sedición y malversación podrían ser castigados, respectivamente, con penas de hasta 30, 15 y seis años de prisión.

Maza presentó una denuncia por los mismos cargos contra el destituido presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y su gobierno.

El caso del Tribunal Supremo será instruido por el juez Pablo Llarena Conde.

 
   

También lee: