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El pleno del Senado, en su sesión del martes, legislará sólo sobre equidad de género y, entre otras, aprobará una reforma para que los órganos autónomos del Estado, como el Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otros, se conformen de manera paritaria.
El dictamen, aprobado en las comisiones unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, contempla que en caso de que los órganos autónomos estén conformados por número non, se observará el principio de paridad, alternando el género mayoritario, con lo cual se busca eliminar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.
El proyecto de decreto, que recoge 21 iniciativas en materia de paridad de género, responde a lo establecido en diversos instrumentos internacionales, por lo que establece que el Estado debe garantizar que las mujeres contribuyan en la vida pública para consolidar la democracia.
El dictamen reforma la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Banxico, la Ley de la CNDH, entre otras.
El pleno también contempla aprobar reformas para ampliar la definición de violencia política contra las mujeres en razón de género y evitar que se anulen o menoscaben los derechos electorales de una o varias mujeres en su libre ejercicio de derechos en la función pública, tanto para una precandidatura, candidatura o cargo público.
El dictamen busca garantizar la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones en los procesos internos de los partidos para la elección de candidatas y candidatos en procesos electorales.
Se prevé que el pleno dé luz verde a un punto de acuerdo para solicitar al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, un informe sobre el avance de las políticas públicas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación del acoso sexual en los tres niveles de gobierno.