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¿Cómo es menstruar en los centros penitenciarios de México? En muchos casos, dejarse una toalla sanitaria por días, recurrir a un calcetín o romper una playera se convierte en la única solución para atender esta necesidad, y la copa menstrual no es una opción por la falta de agua, narra Beatriz Maldonado, representante de la colectiva Mujeres Unidas x la Libertad.
Leticia Hernández, una mujer que estuvo en prisión en 2004, cuenta en entrevista para El Financiero que "hay muchas mujeres abandonadas. Tuve compañeras que usaban sus playeras como toalla sanitaria porque sus familias las dejan solas, por eso algunas mueren ahí dentro".
Actualmente, el precio de un paquete de toallas femeninas con 14 piezas en un supermercado ronda entre los 25 y 30 pesos. Para Daniela Ancira, directora general de La Cana, es increíble que en un lugar donde hay abandono y pobreza como las prisiones, este tipo de bienes lleguen a costar 5 o 10 veces más caras que afuera.
La menstruación como un derecho, no un privilegio
En materia de derechos, el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal indica que las mujeres privadas de la libertad deben "contar con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura, siendo prioritarios los artículos para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género".
Sin embargo, especialistas consideran que esto dista de la realidad, ya que el acceso a productos de higiene menstrual en prisión se relaciona con el lujo, la dignidad, derecho a la sexualidad y reproducción, sostuvo Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta.
"La población femenina es el escaso 5%, está olvidada y no se ve como una prioridad en la agenda de género, como tampoco afuera", remarca Niño de Rivera. Asimismo, subraya que en el presupuesto penitenciario deben de venir desglosadas puntualmente las necesidades de esta índole como un gasto de Estado.
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“Ser un mujer privada de la libertad significa lo invisible, es nada. Ni siquiera sombras, somos nada”
De acuerdo con el estudio 'Mujeres Invisibles: Los costos de la prisión y los efectos indirectos en las mujeres', de Catalina Pérez Correa, uno de los principales gastos económicos que tienen los familiares de las personas recluidas están relacionados con la compra de bienes básicos.
En ese sentido, Beatriz Maldonado relata que el 60% de las mujeres han sido olvidadas, no reciben visitas de sus familiares, por lo que estos artículos se consiguen a través de donaciones o se compran dentro de la prisión; no obstante, los precios son muy altos y la ausencia de trabajo no les permite adquirirlos.
A fin de brindar una solución, La Cana se dedica a impartir talleres de tejido, bordado, costura, macramé y tramado textil a las reclusas y también se encargan de comercializar los productos por internet.
Adriana Ortega, del Área de Datos en Intersecta, apunta que las familias juegan un rol crucial. Los segmentos menos favorecidos de la población se encuentran sobrerrepresentados en la población penitenciaria, podemos deducir que todas estas cargas económicas extra representan una amenaza para el sustento de miles de las familias de las personas en situación de reclusión.
Aunado a esto, la pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia que muchas mujeres dejaron de recibir visitas, lo cual afectó directamente su acceso a estos artículos de primera necesidad, incluyendo toallas y/o tampones.
El 17 de junio de 2020, la colectiva Menstruación Digna México presentó un punto de Acuerdo para que las autoridades correspondientes brinden de manera gratuita los suministros de higiene menstrual a las mujeres en situación de reclusión, con el objetivo de garantizar su derecho a la salud. Por lo pronto, Michoacán ya se convirtió en el primer estado que aprueba la ley de #MenstruaciónDigna.
La colectiva Mujeres Unidas x la Libertad anunció que para la tercera semana de marzo se manifestarán con la exigencia de garantizar el acceso a toallas sanitarias de gratuidad en prisión.
Cárceles construidas por y para hombres
En México existen 289 centros penitenciarios, de los cuales 15 dependen de la federación, 13 de la Ciudad de México (CDMX) y 261 de gobiernos estatales, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de diciembre de 2020. En este periodo, la población privada de la libertad fue de 214 mil 231 personas, de las que 11 mil 839 eran mujeres, es decir, el 5.53 por ciento.
Al 29 de enero de 2021, en la CDMX la población de personas privadas de la libertad corresponde a 26 mil 453 personas, 24 mil 924 son hombres y mil 529 mujeres.
Tomando en cuenta estos datos, Daniela Ancira, directora general de La Cana, señaló la importancia de hablar sobre la reclusión con perspectiva de género porque los hombres y mujeres viven realidades distintas. "Las mujeres tienen menos acceso a sus familias, porque las abandonan, y a fuentes de empleo, lo que las orilla a, de donde puedan conseguir dinero. Desafortunadamente esto incluye el cometer actos ilícitos dentro de prisión como: vender droga, llamadas de extorsión, robar y hasta prostituirse", puntualizó Ancira.
Para esta empresa social la respuesta no debería venir de las familias de las internas, sino del Estado al garantizar el acceso a dichos bienes.
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"Un elemento básico para salvaguardar cualquier condición humana es la dignidad. Una mujer sin acceso a toallas femeninas es degradante”.
En relación a esto, Saskia Niño de Rivera destaca que "el tema de la reclusión con perspectiva de género es nuevo y tiene que ser una obligación del Estado. Cada vez tenemos más mujeres en prisión y un elemento básico para salvaguardar cualquier condición humana es la dignidad. Para una mujer es degradante no tener acceso a toallas femeninas".
A todas luces pareciera que ser una mujer privada de la libertad en México significa abandono, victimización y estar sujeta a un sistema de justicia penal machista, expone Saskia Niño de Rivera.
"Ser una mujer privada de la libertad significa lo invisible, es nada. Ni siquiera sombras, somos nada", concluye Beatriz Maldonado, representante de Mujeres Unidas x la Libertad.