Medio año después de haberse hecho pública, se intentará aprobar la contrarreforma eléctrica en abril próximo. Según información filtrada por fuentes cercanas al grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, se pretende dar un tratamiento exprés a la dictaminación y aprobación de la iniciativa con el objetivo de aprobarla unos días después de la consulta de revocación de mandato. Sin duda alguna esto resulta increíble y completamente irresponsable ante la magnitud de las implicaciones de una reforma constitucional que abarca al sector energético y minero.
Se ha dicho en días recientes por parte del grupo parlamentario de Morena, que se harán algunos ajustes al texto original que fue propuesto por el Presidente. A la fecha no se han hecho públicas las modificaciones que se pretenden hacer y ni siquiera se ha dicho en qué sentido se harían. Esto resulta completamente especialmente contradictorio considerando que se concluyó hace poco un periodo de varias semanas de discusión y debate en el llamado Parlamento Abierto, donde voces de la academia, iniciativa privada, sociedad civil y gobiernos locales se manifestaron en contra de la iniciativa y por otro lado las voces a favor vinieron casi en su totalidad de funcionarios federales. Todo ese debate se dio en torno al texto originalmente propuesto por el Gobierno Federal, por lo que al querer aprobar en tres semanas un texto que a la fecha no es público, tira por la borda todo el debate y demuestra un completo desinterés por las opiniones que no estén completamente alineadas a lo que dicta el Gobierno Federal.
Según se ha hecho patente en este proceso que ha seguido la iniciativa de contrarreforma, prácticamente la única voz, con ideas distintas a las del Presidente, a la que se le escucha y que se considera es la del Gobierno de los Estados Unidos. En fechas recientes se han intensificado los pronunciamientos de distintos funcionarios estadounidenses respecto su desaprobación de la iniciativa de contrarreforma eléctrica. Apenas esta semana el embajador Ken Salazar comentó respecto del deseo del gobierno americano de generar confianza en los inversionistas de ese país, especialmente dados los problemas que se vienen arrastrando respecto a la liberación de permisos y la renuencia a respetar contratos vigentes en el sector energético. De igual forma, esta semana congresistas de ambos partidos en Estados Unidos enviaron una carta solicitando una investigación por incumplimiento del T-MEC, argumentando que se están excluyendo a las empresas privadas del sector energético en favor de las empresas estatales.
Si esto no fuera suficiente, está también en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tendrá que resolver las controversias constitucionales contra la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica que fueron presentadas por senadores de partidos de oposición, el Gobierno de Colima y la Comisión Federal de Competencia Económica. El asunto preocupante en este tema es que una ministra de la Corte quien fue propuesta para el cargo por el Presidente, se pronunció públicamente en favor de la constitucionalidad de dicha reforma legal, lo que deja ver una politización también en el Poder Judicial.
En estas semanas se pondrá a prueba la capacidad de los partidos de oposición para mantenerse con una misma postura. Se podrá también a prueba la influencia del Gobierno de los Estados Unidos sobre la Administración Federal en México, probablemente como el único contrapeso capaz de hacer cambios en los planes del Presidente. Finalmente, se demostrará, si es que no está suficientemente demostrado ya, el nulo interés en el debate informado, el intercambio de ideas y la búsqueda de mejores soluciones a los retos globales que enfrenta México.
